Ordenando la reforma

Las iniciativas legales sobre el sector bancario anunciadas al inicio de esta semana han despertado todo tipo de reacciones. Si nos ceñimos estrictamente a los hechos, se han presentado un conjunto de medidas que pretenden elevar los requisitos de solvencia exigidos a las entidades bancarias, pero quedan por conocerse detalles importantes, que serán probablemente los que acabarán por definir el alcance de estas medidas y su efecto sobre la ansiada recuperación de la confianza exterior.

Hasta ahora, la comunicación ha sido parcial y esto podría ser un blanco demasiado fácil de crítica. Sin embargo, la falta de una completa concreción se explica (y, en buena medida, justifica) por la convivencia de dos fuerzas cuyo equilibrio es difícil de ajustar ante situaciones tan complejas como la actual. Por un lado, las expectativas, ya que nadie pondría en duda que se esperaban nuevas medidas orientadas a incrementar, de algún modo, el escrutinio y la disciplina de mercado sobre el sector bancario español. Por otro, el tiempo, el ritmo que marcan los mercados, que debe suponer una referencia importante, pero no un dictado ni un mandato para bailar a su son. El anuncio de esta nueva reforma trata de conciliar estos dos aspectos porque era preciso anunciar las grandes bases de la misma, pero también era razonable someter a algo más de reflexión y escrutinio las medidas para calibrar su ajuste fino.

Habrá que tomar decisiones corporativas muy rápidamente

Será preciso definir qué es temporal y qué permanente en estas medidas

Eso sí, lo que se trata de acometer es de una envergadura considerable. Los requerimientos mínimos fijados son elevados y las implicaciones estructurales, estratégicas y organizativas para bancos y cajas son trascendentales. Como muestra la experiencia histórica, incrementar los requerimientos de capital de forma específica para un país o un conjunto de entidades puede implicar sacrificios presentes pero beneficios futuros. Asimismo, elevar la solvencia puede suponer un cierto conservadurismo respecto a la asunción de riesgos en el sector bancario a corto plazo, pero puede situar a las entidades implicadas en una posición de seguridad y fiabilidad que favorezca su acceso a los mercados y su crecimiento orgánico a medio y largo plazo. Estas exigencias son difíciles de hacerlas llegar a buena parte de la ciudadanía, ajena a los tecnicismos de estos requerimientos, pero el argumento presentado por el Gobierno el pasado lunes es contundente y podría resumirse en que el sector bancario español es solvente, pero debemos ser conscientes de que hay dudas externas y despejarlas con exigencias elevadas y disciplina de mercado.

Se ha recibido favorablemente que se haya reafirmado la vigencia del FROB -y sus posibilidades y límites cuantitativos para recapitalizar entidades- y las opciones de configuración jurídica de las cajas previstas en la Ley 11/2010. Permite mantener buena parte de la coherencia y las reglas del juego del proceso existentes. Pero también es cierto que la nueva norma obliga a tomar decisiones corporativas de gran trascendencia rápidamente, lo que da pie a algo así como una recomposición de la coherencia conforme a las circunstancias. En los detalles, que ya no debieran tardar en anunciarse, estará el resultado final de estos cambios. Y habrá que explicar algunas grandes cuestiones, como la de si el sistema dual que se crea -con dos requerimientos de solvencia distintos, uno del 8% y otro entre el 9% y el 10%- es temporal. No sería conveniente, por pura señalización y equiparación competitiva, que perdurara mucho. La entrada de inversores privados puede llegar en algún grado para un conjunto de entidades y aquellos querrán conocer, entre otros aspectos, la vigencia y dinámica temporal de estos requisitos. Gobierno y supervisor pueden tener que readaptar algunas premisas de esta reforma, puesto que faltan incluso detalles importantes por concretar respecto a la normativa internacional de Basilea III. Será preciso definir qué es temporal y qué es permanente en estas medidas. Tenemos nuevos retos, tenemos el FROB y tenemos un esfuerzo acumulado de provisiones, solvencia, cambios legales y consolidación financiera muy importante. Solo ordenando esta información -y siendo cuidadoso y coherente con la cifra de recapitalización pendiente, con los aspectos de gobierno corporativo y con la búsqueda de una mayor profesionalidad- podremos convencer a los inversores y conciliar tiempo y expectativas.

Santiago Carbó Valverde es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada.