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COLUMNA

Justicia

John Rawls explicó que una sociedad bien ordenada es aquella que se encuentra bajo una efectiva regulación de la justicia, lo cual requiere que los ciudadanos asuman esa preeminencia y que las instituciones la apliquen de manera equitativa. Tal es el punto de llegada de una trayectoria doctrinal que arrancando del postulado de la independencia de los jueces, frente a la pretensión absolutista de asignarles el papel de "leones bajo el Trono" (Jacobo I de Inglaterra) dio lugar a la creencia generalizada en que la división de poderes, y en su marco la independencia judicial constituye el núcleo inexcusable del Estado de derecho.

Solo que teorías políticas y realidad no siempre coinciden. Así vemos que el cumplimiento de dicha exigencia sine qua non de la libertad tropieza con crecientes dificultades aun en países democráticos como España o Italia. Con un denominador común, el antecedente de una arraigada vigencia de la corrupción institucional, acostumbrados los poderes políticos y económicos a forzar la sumisión de los jueces. También con notables diferencias. En España la magistratura fue uno de los ámbitos donde permanecieron enquistados mentalidad y usos procedentes del franquismo -ahí está algún miembro del Supremo, muy activo en el caso Garzón y bien arropado, que no oculta sus ideas preconstitucionales-, mientras en Italia la judicatura desempeñó una función capital en el desmantelamiento de tangentopolis, la corrupción de Estado, convirtiéndose en el principal obstáculo para la afirmación ilimitada del privilegio sobre la legalidad. Objetivo éste que intenta alcanzar hoy Silvio Berlusconi sobre la base de la especulación, el fraude y la manipulación de los medios. La aspiración a la impunidad también florece en España ligada a la política, con sectores del PP como protagonistas, dando lugar a una lógica convergencia: el ataque despiadado contra los jueces que ponen al descubierto la corrupción.

El PP cuenta con piezas afines en nuestra magistratura y con el coro beligerante de sus medios

Tanto en Italia como en España el asalto a la independencia judicial se dirige contra la intervención de las comunicaciones por orden del magistrado. Lógico porque sobre todo en el caso Ruby, las escuchas han resultado fundamentales para reconstruir la tela de araña de una prostitución masiva al servicio de Berlusconi, con posible inclusión de menores, como la propia Ruby, e interferencias arbitrarias que implicaban a su cargo político (así el hallazgo de hacerla sobrina de Mubarak, digno de un gag de Dino Risi). La plausibilidad consiguiente de haberse cometido delitos sancionados con una pena superior a cinco años legitimaba las intervenciones telefónicas, del mismo modo que la actuación de Garzón en el caso Gürtel se veía respaldada por el artículo 159.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde el juez es autorizado para interferir "las comunicaciones de las que se sirve para la realización de sus fines delictivos". En la trama Gürtel tal suposición era más que razonable.

Tanto para Berlusconi como para el PP, la descalificación del procedimiento constituyó un recurso para tapar el presumible delito. Ni uno ni otro han aceptado que el problema es todo suyo. Sean condenados o absueltos penalmente los implicados, el caso Gürtel muestra un grado de corrupción interna del tipo tangentopolis en dirigentes populares, incompatible con la moralidad cívica. Por su parte, el caso Ruby refleja la degradación del sistema político conscientemente promovida por Berlusconi, otra forma de prostitución, al lograr mayorías parlamentarias comprando diputados y ejercer una manipulación informativa permanente. Unas veces con siniestra habilidad, ejemplo los debates desiguales del Porta a porta (Rai1); si hace falta insultando por teléfono en antena al presentador desleal. Siempre satanizando al magistrado que intenta aplicar la justicia a quien no debe, Garzón por Gürtel, o los jueces de Milán por las orgías del palacio de Arcore.

Más allá de las palabras. El derribo de Garzón es un hecho. En un remake de Los asesinos acusan, Berlusconi intenta ahora "castigar" a los magistrados que le investigan, con graves penas pecuniarias a pagar por ellos si el escuchado resulta absuelto, más cinco años de retroactividad. Y monta un delirante pero eficaz proceso-farsa mediático para auto-absolverse y condenar de paso a la institución judicial.

El PP cuenta con suficientes piezas afines en nuestra magistratura y con el coro beligerante de sus medios (último blanco, Jiménez Villarejo, repitiendo la falsa cita acusatoria). Berlusconi además con abogados millonariamente retribuidos, a medio camino entre los defensores de los protagonistas de Chicago años 30 y el leguleyo tramposo Azzecagarbugli de Los novios de Manzoni. Todo sea por borrar de las mentes de los ciudadanos la idea de justicia. Las encuestas preelectorales prueban aquí y allí el éxito de semejante operación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de enero de 2011