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Tribuna:

La necesidad de preservar la cultura del acuerdo

En la actual situación de España de crisis económica y de empleo, con cerca de cuatro millones de parados, es preciso destacar que hemos sido capaces de articular un Pacto de Estado que preserva del debate electoralista y el conflicto social la esencia misma de nuestro Estado de Bienestar: las pensiones. Gracias al método instaurado en el Pacto de Toledo, basado en la negociación y el acuerdo, se ha conseguido realizar las reformas necesarias con una altísima legitimación social. Una legitimación, por cierto, tanto de los contenidos de los propios acuerdos como de quienes los han hecho posibles.

Con este método nuestras pensiones están insertas en un proceso periódico, casi podríamos decir que sistemático, de reformas en las que llevamos embarcados más de 15 años. Se han realizado varias reformas legislativas. Todas ellas engarzadas en una hoja de ruta clara y consensuada, presidida por las recomendaciones parlamentarias del Pacto de Toledo.

La seña distintiva de todas estas reformas ha sido la de la negociación y los acuerdos amplios en el ámbito político (Congreso) y en el social (con sindicatos y empresarios). Esto ha hecho posible que todas ellas hayan estado presididas por la lógica del equilibrio, que sólo puede derivarse del debate y el acuerdo entre quienes representan el conjunto de intereses que conforman lo que llamamos "el interés general". Hemos demostrado sobradamente que la negociación no significa inacción, sino todo lo contrario.

Desde el movimiento sindical somos conscientes de que las reformas del sistema de pensiones son necesarias, pero no para calmar a los mercados (como está argumentando el Gobierno) sino para garantizar la calidad de las pensiones y preservar sus niveles de protección en el futuro como consecuencia del reto demográfico y financiero que deben afrontar. Sabemos que el principal reto que hemos de abordar en pocas décadas es el de tener que pagar más pensiones, durante más tiempo y más altas. Para ello hemos puesto en la mesa de negociación propuestas alternativas al retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación a los 67 años que planteó el Gobierno.

Es posible mejorar la protección social y asegurar la sostenibilidad del sistema sin recurrir a meros recortes de derechos, actuando de forma equilibrada sobre los ingresos, los gastos y la equidad interna del sistema de pensiones; mejorando su contributividad, la protección social de las mujeres y los jóvenes como alternativa a la reducción del gasto.

Nuestro objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y la cohesión social.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo son los secretarios generales de UGT y CC OO.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de enero de 2011