Educación se reserva designar a los 16 cargos de la inspección

La Generalitat se asegura el control de un núcleo duro de inspectores para fiscalizar el sistema educativo de cerca. Así consta en el borrador de decreto del Consell que regula la inspección educativa, que ayer presentó en la mesa sectorial. La nueva norma autonómica, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, consagra que el Gobierno de turno nombrará a los 16 cargos directivos, en vez de regirse por los principios de antigüedad y mérito.

La secretaría autonómica se inventó hace cuatro años el cargo de inspector jefe, que recayó en Susana Sorribes, afín al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La "instrumentalización" de la inspección ha sido denunciada desde el año 2000, cuando el PP consolidó a un grupo de inspectores que habían sido nombrados a dedo en 1996. En plena batalla del Consell por imponer que Educación para la Ciudadanía se tradujera al inglés, hace dos cursos, todos los inspectores de la asociación profesional mayoritaria a nivel del Estado condenaron en un manifiesto la "politización" de la función inspectora y las sanciones a directores, que se movilizaron contra el boicot a una materia de derechos humanos que el PP objeta en toda España.

Esta digitalización del cuerpo fue denunciada en tribunales en 2007 por CC OO y UGT, dándoles la razón en septiembre, lo que obliga a Educación a destituir a los 34 inspectores consolidados en una oposición "irregular" a fin de mes.