Los fantasmas autonómicos

El discurso inaugural de la Cumbre Internacional del PP pronunciado el 14 de enero en León por Aznar, presidente de honor del partido y de su Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) removió hace dos semanas el avispero autonómico con la osada afirmación de que la organización territorial del poder en 17 comunidades "es inviable desde el punto de vista financiero y además inviable a efectos del Estado". La provocativa jeremiada lanzada por el ex presidente del Gobierno, que ya había exhibido en un periódico riojano nada más aprobarse la Constitución su despreciativa hostilidad hacia el Estado de las Autonomías, provocó el alarmista toque a rebato del nacionalismo catalán para denunciar la ofensiva recentralizadora puesta en marcha contra las instituciones de autogobierno.

La campaña electoral no es el momento para que se enajene a los votantes con mayor fervor autonomista

Nacido con la Constitución de 1978, el Estado de las Autonomías se ha desarrollado durante las últimas tres décadas siguiendo en gran medida el azaroso método de la prueba y el error. Hay buenos motivos, por consiguiente, para iniciar un debate que permita hacer un balance de los logros conseguidos y de las equivocaciones subsanables. La estructura del Estado de las Autonomías no llegó a su madurez hasta que las competencias de educación y sanidad fueron plenamente traspasadas a las comunidades de la vía lenta la pasada década. Por lo demás, en los próximos meses se podrá comprobar su capacidad de adaptación a los tiempos de crisis tras una larga etapa de crecimiento económico sostenido que permitió demasiadas alegrías y despilfarros. Finalmente, la reciente sentencia 31/2010 del TC relativa al nuevo Estatuto de Cataluña ha disipado definitivamente las dudas de buena fe que pudieran existir sobre la posibilidad de hacer una lectura de la Constitución que permitiera una interpretación confederal del Estado de las Autonomías.

No parece, sin embargo, que se den hoy las condiciones para ese debate, presente en los medios de comunicación a propósito las escandalosas pérdidas de las televisiones y radios autonómicas o de la disfuncional multiplicación por 17 de organismos que toman como modelo a instituciones de la Administración Central. La campaña electoral para renovar el próximo 22 de mayo los Parlamentos de 13 de las 17 comunidades autónomas (quedan excluidas el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía) es un momento poco propicio para que los dos grandes partidos de ámbito estatal corran el riesgo de enajenarse a los votantes con mayor fervor autonomista. Así lo demuestra que los dirigentes del PP, pese a haber seguido manteniendo en el Congreso una proposición de ley para fijar el déficit cero de las comunidades y en el Senado una moción para combatir el despilfarro en las televisiones autonómicas, se apresuraron a poner sordina al guerrero trompetazo leonés de Aznar y han pasado igualmente como gato sobre ascuas en su Convención de Sevilla del pasado fin de semana en lo que se refiere a la supuesta inviabilidad del Estado de las Autonomías. Pocas dudas hay también de que los socialistas extremarán su entusiasmo autonomista en su Convención del próximo sábado en Zaragoza.

Las instituciones de autogobierno defienden sus intereses particulares de forma singular o solidaria, abstracción hecha del color ideológico de sus respectivos gobiernos, frente a la Administración Central, situada en un nivel superior de autoridad, coordinación y arbitraje. La bandera democrática de un Estado autonómico amenazado por la supuesta ofensiva recentralizadora de corte involucionista puede ser una coartada ideológica para envolver reivindicaciones particularistas en tiempos de crisis. Es inevitable que los planes de ajuste impuestos a la economía española por los mercados de la deuda y por la Unión Europea afecten también a las comunidades autónomas, que gestionan una parte del gasto público superior en 15 puntos a la Administración central y en 23 puntos a las corporaciones locales.

Pendiente todavía la información oficial sobre el cierre a 31 de diciembre, el límite de déficit autorizado de las instituciones de autogobierno para 2010 -el 2,4% del PIB regional- había sido ya rebasado el mes de octubre por Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, desfase en el que incurrirán probablemente otras comunidades cuando sea computado todo el año. El calendario de reducción del déficit, programado para que España regrese a los criterios de convergencia fijados por la Unión Europea, seguirán afectando en los próximos años a las comunidades autónomas. Y aunque las tentativas de orillar las limitaciones legales al endeudamiento autonómico no cesen, también en ese renglón la política para reducir su actual nivel (en torno a 100.000 millones de euros) es exigible a todas las comunidades.