Sin anestesia para la pena de muerte

No deja de ser paradójico que una sustancia anestésica como el Pentothal, siempre usada con carácter benéfico para la persona -hace décadas para mitigar los dolores de parto y más recientemente en cirugía para evitar el sufrimiento del paciente-, pero ya descartada por sus efectos secundarios, sirva también como antesala de la muerte a los condenados en las cárceles estadounidenses. Ahora, los escrúpulos de Hospira, único laboratorio proveedor de dicha sustancia, bloquean su suministro a diversos Estados por considerar que se le está dando una utilidad perniciosa y no acorde con las finalidades de un producto sanitario.

Este posicionamiento se basa aparentemente en criterios éticos de no maleficencia, evitando su uso en perjuicio de las personas, casi ejerciendo una "objeción de conciencia" corporativa negándose a colaborar al objetivo final, como es la muerte del reo. Ello nos plantea dos tipos de cuestiones: por un lado el conocido interrogante ético de si el fin justifica los medios. ¿Es legítimo dar continuidad a ese suministro, a pesar de conocer su uso, en aras a conseguir evitar en la medida de lo posible el sufrimiento del reo? Por otro lado, el análisis sobre las consecuencias de los actos: negar el suministro de pentotal a las cárceles puede suponer un mal aún mayor porque se buscarán alternativas, practicándose la cirugía con métodos anestésicos poco eficaces o bien se ejecutará a los reos igualmente, volviendo a sistemas más cruentos y agresivos.

No está claro si Hospira ha hecho este tipo de reflexiones antes de tomar su decisión de cortar el suministro de pentotal, pero sorprende que esta actitud se manifieste ahora, alegando desconocimiento de ese uso. ¿Es creíble que Hospira no conociese que en las cárceles de algunos Estados se usaba el pentotal no solo como anestésico quirúrgico sino también como anestésico premuerte? Puede que dicho cambio haya sido propiciado por un nuevo responsable con más escrúpulos que los anteriores, o que Hospira, apuntándose a la nueva tendencia de responsabilidad social corporativa, ha elaborado un código ético que no le permite este tipo de colaboraciones. Sea como fuere, bienvenida sea la iniciativa si sirve para replantear la pena de muerte como medida extrema de castigo a los delincuentes, aunque mucho me temo que no surtirá ese efecto y algunos Estados mantendrán la pena capital anclados en un modelo penal del ojo por ojo y contrario a los Derechos Humanos.

Núria Terribas es directora del Instituto Borja de Bioética.