Propiedad intelectual 2.0

El debate generado en torno a la ley Sinde puede servir para que España salga de su triste liderazgo como destacada sede de servidores piratas, justificada con la seudoprogresista teoría de la barra libre para todos. Dos cuestiones se plantean: si la propiedad intelectual ha perdido sentido por la aparición de Internet, y si un Estado de la Unión Europea puede legislar en un asunto del mercado interior independientemente del marco comunitario

El difícil reto de crear ha tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos. Con la imprenta, hasta ahora el mayor invento de emancipación humana, se planteó la cuestión de la propiedad intelectual. Al inicio de la edición príncipe del Quijote, la autorización real concede la licencia de impresión a Cervantes por 10 años, "so pena de que la persona o personas que sin tener vuestro poder lo imprimiere o vendiere... perdiere la impresión que hiciere, y más incurra en pena de cincuenta mil maravedíes". Conocida es la fortuna de Cervantes a su fallecimiento, así como la de Mozart, enterrado en una tumba comunitaria por falta de medios.

Si cabe una crítica de la 'ley Sinde' es su timidez. España debe salir de su triste liderazgo en piratería

Un siglo antes del copyright de la reina Ana en Reino Unido y casi dos antes de la batalla de Beaumarchais por el derecho de autor en la Revolución Francesa, la cuestión se planteaba ante la inagotable picaresca humana. La protección legislativa de la forma más noble de propiedad es un progreso, así como las sociedades de gestión colectiva que protegen a los creadores y la existencia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), agencia de la ONU.

La aparición de Internet ha revolucionado el panorama de la difusión de la cultura. Bienvenido sea este avance tecnológico a través de un sistema de comunicación ultrarrápido que ha llevado a introducir un nuevo derecho fundamental, el de acceso a la banda ancha en el que España es pionera gracias al Plan Avanza. La Red es un sistema de transporte de mensajes, en el que como dice el gurú Chris Anderson, "existe suficiente espacio para ofrecer de todo a todos", no de crear. Hasta ahora, la Red no ha creado nada mejor que el Quijote o Hamlet en literatura, la Gioconda en pintura o la Novena sinfonía de Beethoven en música, pero sí ha multiplicado las posibilidades de acceso, copia y reproducción.

Por eso, no es de recibo la atrevida afirmación de que Internet hace tabla rasa del pasado y es un cuerno de la abundancia en el que cada quien puede servirse a su gusto. Ofrecer no es descargar, cuestión que crea problemas jurídicos importantes. Así, a la hora de hablar de garantías jurídicas, hay que solventar el delicado tema de la despenalización del hurto. No es admisible que si uno se lleva un libro o un vídeo de una tienda pueda ser procesado mientras que si lo descarga por la Red pueda argüir que se trata de una difusión progresista de la cultura. Además, la Red, como todo sistema de transporte, puede permitir a un servidor comerciar con nuestros datos personales (el derecho a la protección de datos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en vigor) o con mercancías tóxicas o peligrosas como la ciberdelincuencia (pornografía infantil, terrorismo o delitos económicos). Por eso, el mismo Anderson argumenta que la web libre está muriendo, sustituida por una serie de "jardines cerrados", los circuitos de pago llamados app desde Ipad a la prensa o las aplicaciones de pago si el capitalismo sigue su curso sin ningún tipo de reglamentación seria.

La segunda dimensión es la Europa digital. Por fin, la Comisión Europea la ha colocado como una de sus prioridades de futuro, tras el informe de la industria europea de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) que tuve el honor de coordinar a propuesta de la presidencia española. La agenda digital incluye como acciones clave: simplificar la autorización de derechos de autor, su gestión y la concesión de licencias paneuropeas para su gestión en línea mediante una directiva marco sobre gestión colectiva de derechos y la revisión de la existente sobre los derechos de propiedad intelectual, para reforzar su protección frente a las persistentes violaciones en el entorno en línea, de modo coherente con los derechos de protección de datos e intimidad. También está en curso un Libro Verde sobre la distribución en línea de las obras audiovisuales europeas y en proceso de consulta, medidas que permitan a los ciudadanos de la UE, a los proveedores de contenidos en línea y a los titulares de derechos beneficiarse del mercado interior digital. Además, la propiedad intelectual es un activo clave de Europa en las negociaciones comerciales del mundo del G-20, ahora que China está empezando a descubrir ese derecho tras su entrada en la OMC.

En este contexto, si cabe una crítica de la ley Sinde es su timidez. Nuestros legisladores tienen la oportunidad y la responsabilidad de empezar a acabar con una situación sonrojante para España, potencia cultural con dimensión mundial, y hacerlo de manera coordinada con el marco común europeo.

Enrique Barón Crespo es presidente de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información.