El juez del 'caso Palau' se va sin investigar a Convergència

Juli Solaz ya no es el juez del caso Palau. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado su nombramiento como magistrado de la Audiencia de Barcelona y desde ese mismo día dejó de ser el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona. Atrás queda año y medio de una investigación judicial repleta de decisiones singulares que nunca perjudicaron a los saqueadores confesos de la institución cultural catalana, Fèlix Millet y Jordi Montull.

Solaz se marcha, además, sin investigar el supuesto pago de comisiones a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por parte de Ferrovial relacionado con obras públicas realizadas en los Gobiernos de Jordi Pujol y utilizando el Palau de la Música como vehículo.

La víspera de abandonar el juzgado, Solaz acordó abrir una pieza separada para investigar esos pagos, dos meses y medio después de que se lo solicitase el fiscal. Pero el juez no aceptó imputar al ex tesorero del partido, Daniel Osàcar, ni al responsable del área de Inmigración de Convergència, Àngel Colom.

El cambio de destino de Solaz, además, es totalmente voluntario. Y se marcha para trabajar más en la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona, de la jurisdicción penal, y ganar entre 300 y 400 euros mensuales menos, pues en su anterior destino realizaba entre cuatro y cinco guardias. Antes resolvía solo él en su juzgado; ahora formará parte de un tribunal colegiado de tres magistrados que, además, no presidirá.

En este año y medio, la investigación del juez Solaz sobre el caso Palau ha estado repleta de decisiones singulares. Tardó un mes y medio en aceptar la querella del fiscal para que los Mossos registraran en el Palau de la Música y, cuando lo hizo, no adoptó ninguna medida para asegurar que no se destruirían pruebas. Las cámaras de seguridad captaron después cómo un empleado sacaba documentación. Del mismo modo, el juez tardó tres meses en imputar a Millet y Montull, y cuando les tomó declaración no solo no estimó la petición de cárcel de la fiscalía sino que no adoptó ninguna medida cautelar contra ellos, como imponerles una fianza.

También retrasó al máximo la imputación de Gemma Montull, a la que tampoco impuso medidas, aunque la Audiencia de Barcelona le enmendó más tarde la plana imponiendo una fianza de 500.000 euros. Solaz, además, fue retrasando la investigación del caso hasta que los peritos de Hacienda emitieran su informe. Cuando lo hicieron y cuantificaron el presunto desfalco en más de 35 millones de euros, el pasado 4 de agosto, demoró su declaración.