Los fiscales salen en defensa de Cabedo ante el acoso del PP

Los fiscales valencianos salieron ayer en defensa de la imparcialidad de Ricard Cabedo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que está siendo objeto de una agresiva campaña de desprestigio por parte del PP. Una táctica política que los responsables del ministerio público en las audiencias de Valencia, Alicante y Castellón consideran "de dudosa finalidad constitucional".

El último ataque contra Cabedo se ha basado en el hecho de que coincidiera en un restaurante de Valencia con tres policías que habían declarado esa mañana ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la causa abierta contra el diputado socialista Ángel Luna por un supuesto delito de revelación de secretos. El fiscal jefe y su número dos, Gonzalo López Ebri, intercambiaron unas palabras con los agentes en la puerta del establecimiento cumpliendo "las mínimas normas de cortesía", según aseguró Cabedo.

A pesar de la inconsistencia del asunto, portavoces del PP y del Consell acusaron a Cabedo y López Ebri de connivencia con la policía para perjudicar a su formación y pidieron que fuesen apartados de la causa contra Luna.

Los tres fiscales jefes provinciales, Javier Carceller, Juan Carlos López Coig y Teresa Gisbert, expresaron ayer su "preocupación porque un hecho de naturaleza casual sirva para poner en cuestión, una vez más, la imparcialidad del ministerio fiscal". "Lo preocupante sería que se le relacionara con delincuentes", añadieron, en una frase muy dura si se enmarca en el contexto del caso Gürtel.La última escalada verbal contra Cabedo se basó en una información del diario ABC, según la cual el fiscal jefe se reunió el jueves en un restaurante con los tres policías de la Brigada de Blanqueo de Capitales que habían declarado esa mañana en el TSJ como testigos en la causa abierta contra el diputado socialista Ángel Luna después de que el PP lo denunciara por un presunto delito de revelación de secretos. Luna mostró en las Cortes un informe policial que apunta a la relación entre las cúpulas del Consell y el PP valenciano con la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

La historia del restaurante no tardó en desinflarse porque, en realidad, como señaló al día siguiente el propio periódico, Cabedo y el teniente fiscal del TSJ, Gonzalo López Ebri, ni se reunieron ni comieron con los agentes, sino que coincidieron en la puerta del restaurante, donde intercambiaron unas palabras. Se trató, aseguró Cabedo, de una cuestión de cortesía. López Ebri, teniente fiscal del TSJ, que poco antes había asistido a la declaración de los policías, hizo las presentaciones.

Ello no impidió que el PP acusase a Cabedo de confabularse con la policía y pidiese la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Desde 2005

Los fiscales jefes de las audiencias de Valencia, Alicante y Castellón destacaron ayer la paradoja de que se trate "de valorar como anormal la relación entre fiscales y policías, que de ordinario es y seguirá siendo de buena relación tanto en lo personal como en lo profesional"; "la relación con funcionarios policiales es consustancial a la propia función fiscal dada la coincidencia en la defensa del Estado de derecho". "Extraer de aquel suceso valoraciones de otro tipo", concluye el comunicado, "supone constatar una vez más estrategias de dudosa finalidad constitucional que en modo alguno deben ser atendidas y, en todo caso, deben ser rechazadas con firmeza".

Los ataques contra Cabedo por parte del PP se iniciaron prácticamente con su nombramiento, el 25 de enero de 2005. Una fijación que responde, en gran medida, al hecho de estar casado con la diputada socialista Juana Serna. Tres días después de acceder al cargo se le describió como "árbitro comprado del Gobierno de Zapatero". La frase fue de Ricardo Costa, por entonces vicesecretario regional del partido.