Demasiado descentralizados

En las últimas semanas se ha abierto en España un debate sobre el Estado autonómico y su futuro. En términos técnicos se trata de un debate sobre el grado óptimo de descentralización y el encaje institucional de los diferentes niveles de administración y gobierno. Es una discusión tan interesante,como compleja, que requiere leer un poco y pensar algo más.

Algunos datos de interés. España es hoy uno de los países más descentralizados del mundo en lo que se refiere a competencias de gasto. Si bien es cierto que existe una amplia legislación básica estatal y que la cesión de competencias tributarias es significativamente inferior. Además, se trata de una descentralización que gravita sobre el nivel autonómico de gobierno. Las corporaciones locales españolas son mucho menos importantes que la media de la Unión Europea, como demuestran las investigadoras del Institut d'Economia de Barcelona Nuria Bosch y Marta Espasa en el último número de Gaceta sindical.

El 50% de los españoles prefiere que sanidad y educación se gestionen desde las autonomías

En segundo lugar, en los países federales con tradición centenaria es posible observar olas centralizadoras y descentralizadoras, que son detectables solo cuando se ponen las luces largas para observar el proceso, y que suelen tener en su origen choques que afectan de forma profunda a las sociedades como una guerra o una crisis económica. Es decir, los procesos de descentralización que no desembocan en secesión (la mayoría) tienen camino de vuelta. En España hemos vivido un extraordinario proceso de descentralización en los últimos 30 años. Pero no deberíamos descartar la posibilidad de procesos recentralizadores en un futuro.

En tercer lugar, los estudios demoscópicos son favorables a la descentralización de servicios a las comunidades autonómicos, pero también a la cooperación entre niveles de gobierno. En el estudio publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2007, más del 50% de los ciudadanos preferían que la sanidad y la educación fuesen de competencia autonómica exclusiva o compartida con la Administración central y menos del 40% que fuese responsabilidad exclusiva de esta. Otro estudio del propio IEF publicado en 2009 mostraba que, a ojos de los ciudadanos, la sanidad es el servicio público que más ha mejorado en los últimos cinco años, y que sanidad y educación son los servicios mejor gestionados y con los que los usuarios están más satisfechos.

En cuarto lugar, y como ejemplo, los presupuestos de la Xunta muestran que los recursos que consume Parlamento, Consello de Contas, Consello da Cultura Galega, Consello Económico e Social, Valedor do Pobo, Consello Consultivo, Tribunal da Competencia, Consello Galego de Relacións Laborais... apenas si suponen el 0,5% del total.

A partir de todo lo anterior, mi opinión es que, más que grandes cambios, debemos hacer pequeños ajustes para que el sistema funcione mejor. Dado el éxito general del modelo español en perspectiva comparada, sería un error dar un bandazo en estos momentos hacia una amplia recentralización competencial. Una Administración descentralizada es más cara que una centralizada. Pero la toma de decisiones descentralizada también genera beneficios significativos en planos muy diversos. Existe una amplia literatura académica al respecto. Como casi siempre, de lo que se trata es de comparar costes y beneficios y buscar el óptimo.

¿En qué consistirían esos ajustes? En primer lugar, hay que plantearse la posibilidad de traspasar competencias autonómicas al ámbito local, teniendo en cuenta la capacidad real de gestión municipal. A lo mejor hay que proceder a descentralizaciones asimétricas (distinguir entre municipios grandes y pequeños) o profundizar en fórmulas de cooperación vertical (consorcios). Sin duda, este replanteamiento sería más fácil si previamente fusionásemos los municipios más pequeños, avanzásemos en la constitución de áreas urbanas y metropolitanas y aclarásemos el espacio de las Diputaciones. En segundo lugar, debemos apuntalar el funcionamiento del federalismo cooperativo. Los instrumentos de cooperación horizontal (entre autonomías) y vertical (con la Administración central) son fundamentales para evitar disfuncionalidades y aprender de las experiencias de los demás. En tercer lugar, habría que eliminar duplicidades y solapamientos mediante algunos reajustes competenciales. En cuarto lugar, habría que preguntarse si la experiencia demuestra que la descentralización de alguna de las competencias hoy en manos de las comunidades autónomas plantea más problemas que ventajas. Es lógico y comprensible que los partidos nacionalistas y regionalistas traten de ampliar siempre el listado de competencias descentralizadas. Pero esa lógica puede tener costes significativos en términos de coste, eficiencia o calidad del servicio. En quinto lugar, la Administración central debería adaptarse a la configuración de un Estado descentralizado. En particular, para labores de coordinación en sanidad, educación, servicios sociales, vivienda... llegaría con tener un único ministerio y varias secretarías de Estado.