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Castedo expedienta al PSPV de Alicante por colocar vallas ilegales

Elena Martín acusa a la alcaldesa de perseguirla con dinero público

La carrera por alcaldía de Alicante entre Elena Martín, candidata oficial del PSPV, y la titular del sillón y candidata in péctore, Sonia Castedo, del PP, empieza a subir de tono. En poco menos de un mes, ambas aspirantes han sufrido dos encontronazos: Primero a costa la falta de permiso para las obras de la sede electoral de la candidata socialista; y el segundo, por la instalación de carteles de la precampaña de la socialista en dos vallas ilegales.

Elena Martín no se anduvo ayer por las ramas a la hora valorar sendos episodios. "El PP ha iniciado una campaña de persecución con dinero público contra mi candidatura porque están nerviosos", dijo. La aspirante socialista auguró un sprint final de campaña aún más tenso: "Estoy convencida de ello, porque Castedo va a impedir por todos los medios que la candidata socialista mire a los ojos de los ciudadanos para decirles que otro Alicante es posible. Que, por ejemplo, es necesario una ciudad limpia y, además, tener la conciencia limpia", añadió.

La regidora se escuda en el edil de Urbanismo y los técnicos y no replica

El argumento básico de la nueva tanda de vallas de Martín se centra en cuestionar el personalismo de Castedo al frente del gobierno local, su supuesta implicación en casos de corrupción y vinculación con grupos de poder privados.

Mientras, Castedo, que aspira a revalidar en las urnas el cargo que heredó de su antecesor, Luis Díaz Alperi, sigue anclada en el silencio y no replica a críticas de Martín. Un portavoz oficial del equipo de gobierno, no obstante, rechazó ayer los argumentos de Martín. "Ambas decisiones, la del expediente a la oficina electoral y por las vallas ilegales son una decisión del área del Urbanismo y de acuerdo con los informes de los técnicos", señalaron esas fuentes.

Las dos vallas por las que el Ayuntamiento ha abierto expediente al PSPV están ubicadas en un solar en la avenida Doctor Rico, propiedad del Consell. Martín y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen Sánchez Brufal, responsabilizaron a la alcaldesa y ex concejal de Urbanismo de la ilegalidad. "Si hay vallas ilegales es porque no se aplica la ordenanza", dijo Brufal. "La ordenanza surgió para poner fin a la proliferación de vallas ilegales, como reconoció Castedo en agosto de 2008", añadió. Martín esgrimió un escrito de la empresa propietaria de las vallas en el que asume la responsabilidad y exigió la dimisión o destitución del concejal delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza.

El portavoz del equipo de gobierno señaló que el expediente por las vallas va contra el PSPV y el también contra el Consell.

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