San Juan se queja del "linchamiento mediático"

Una semana después de su incomparecencia ante el Parlamento vasco, Iñaki San Juan utilizó ayer su condición de administrador de Errexal para denunciar, en su cita ante la comisión de investigación del caso De Miguel, el "linchamiento médito" del que, según se recoge en un escrito remitido a los medios de comunicación, es objeto a modo individual y empresarial. San Juan, afiliado y ex concejal del PNV en Leioa (Vizcaya), no alude en ningún momento en su nota a su condición de principal responsable de la empresa Ortzi Muga, otra de las firmas que, junto a Errexal y Kataia, se benefició de varios contratos que le adjudicó el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, bajo el mandato de Miren Azkarate y, especialmente, derivados del área de Juventud que dirigía su amigo Xabier Sánchez Robles, máximo responsable del área de Juventud. De hecho, San Juan situó el domicilio social de Ortzi Muga en la sede corporativa de Betean, grupo de empresas que tiene entre sus socios de referencia a Aitor Alzola, miembro del EBB.

Desagrado de Iratxe Gaztelu porque no se respetó el secreto de su declaración

San Juan niega que incurriera en una incomparecencia el pasado 3 de enero ya que "la citación no se comunicó de modo efectivo y no fui avisado de la misma hasta pasada la fecha de la comparecencia. Es decir, el administrador de Errexal no se sintió aludido por las múltiples informaciones que adelantaron en los días previos al 3 de enero de su obligada comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento. Según su propio testimonio, el 4 de enero, a las 12 horas, "tras el revuelo surgido por la supuesta incomparecencia", recogió en la oficina de Correos de Amurrio (Álava) el burofax para su citación, enviado desde la Cámara vasca. Por lo tanto, San Juan entiende que si no hay citación de modo efectivo "no puede haber incomparecencia".

Perjudicado por el desarrollo de los acontecimientos, el administrado de Errexal cree que se asiste a "una vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen". Por ello, ha procedido a denunciar "esta injusticia" ante el Ararteko, al entender de que es "calumnioso" que se le acuse públicamente del delito de desobediciencia por la supuesta incomparecencia".

Con todo, San Juan, en su condición de afiliado al PNV, proclama que decidió comparecer ayer ante la comisión "al objeto d impedir el ataque a la imagen del partido político contra el cual esta comisión ha sido constituida". Como es sabido, el Parlamento decidió crear esta comisión de investigación para determinar las posibles implicaciones políticas derivadas de los casos judiciales abiertas sobre teóricas tramas de corrupción y espionaje en Álava.

Al mismo tiempo, Iratxe Gaztelu, otra de las imputadas en el caso De Miguel, ha trasladado a la presidenta del Parlamento vasco su "desagrado y preocupación" al comprobar que no se ha respetado "el secreto de lo tratado en comisión" tras su comparecencia en la Cámara. En un escrito firmado por su abogado, Carlos Chacón, se alude, como base para su queja formal, a las informaciones de EL PAÍS y El Mundo relativas a sus confesiones ante la comisión de investigación como muestra elocuente de que se ha "quebrantado su obligación de guardar secreto de lo tratado", denuncia.

Gaztelu sostiene que el contenido de la información es "falaz y malintencionado" y, al mismo tiempo, asume que no la puede combatir porque "las transcripciones de las sesiones son secretas". Como detalló este periódico, la imputada reconoció que la administradora desde 2008 era Ainhoa Bilbao, la esposa de Alfredo de Miguel, y que la constitución de Kataia era "una cuestión" de "los maridos", en alusión a Koldo Otxandiano, Alfonso Arriola, Aitor Tellería y el ex diputado foral alavés.

Desde su defensa, Gaztelu invita a la presidenta del Parlamento vasco a que "debe velar para que se garantice el escricto cumplimiento del reglamento de la Cámara a fin de defender los derechos de las personas".