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Editorial:

Murcia en la tormenta

Valcárcel suplanta a la justicia al culpar al PSOE de la bárbara agresión al consejero de Cultura

La agresión al consejero de Cultura de la Comunidad de Murcia, Pedro Alberto Cruz, ha sido enérgicamente condenada por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Aun así, el Partido Popular no se da por satisfecho y está tratando de establecer una relación directa entre las críticas que le han dirigido los socialistas murcianos y la brutal paliza al consejero. Además, los populares acusan de pasividad maliciosa al Ministerio del Interior y exigen la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad. La dirección nacional del PP no solo no ha puesto límite a estas graves acusaciones, sino que las ha avalado y, en ocasiones, amplificado.

Resulta sencillamente temerario que, antes siquiera de que la investigación recogiera los primeros datos sobre la agresión al consejero, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, asignase sin asomo de duda las responsabilidades. Para ello, utilizó un razonamiento que resulta peligroso en boca de cualquier ciudadano, pero mucho más si ejerce una responsabilidad institucional. Valcárcel aseguró que, puesto que la izquierda es solo una, el partido socialista es culpable con independencia de quiénes sean los agresores.

Probablemente el presidente murciano no es consciente de la tormenta que ha desatado cuando, en contra de una norma básica del Estado de derecho que se ha comprometido a respetar y a hacer que se respete, señala una responsabilidad colectiva para un delito. Y, por su parte, la dirección nacional de los populares parece dar por bueno ese atropello en la medida en que sirve para transmitir la imagen de que, además de cometer errores, el Gobierno del partido socialista contemporiza o, incluso, alienta la violencia.

El consejero Pedro Alberto Cruz tiene derecho a que se investigue hasta sus últimas consecuencias y se haga justicia sobre su caso, como también los ciudadanos que confían en el funcionamiento del Estado. Pero quienes están poniendo en entredicho ese derecho no son ni las fuerzas de seguridad ni el sistema judicial, sino el mismo Ejecutivo regional del que el consejero Cruz forma parte, puesto que pretende tratarlo como un asunto definitivamente esclarecido y sentenciado, con el único propósito de estigmatizar a los adversarios políticos y cobrarse de este modo unos inmediatos réditos electorales.

En un Estado de derecho, corresponde a los tribunales investigar delitos tan graves como la agresión a un cargo público, determinar las responsabilidades y condenar a los autores. Desde ayer hay un detenido por su presunta participación en los hechos. En cuanto a la tarea de los presidentes autonómicos, hay algo que en ningún caso deberían hacer: exacerbar los ánimos propagando acusaciones mientras la justicia trabaja. Eso es, exactamente, lo que está haciendo Ramón Luis Valcárcel y, en su estela, la dirección nacional del Partido Popular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de enero de 2011