Suspendido el juicio por extorsión a 17 guardias para que lo vea un jurado

Vuelta al punto de partida, cinco años después. El juicio a 17 guardias civiles acusados de cobrar sobornos de ciudadanos extranjeros que aterrizaban en el aeropuerto de Málaga se suspendió ayer porque los delitos de los que están acusados, principalmente cohecho, tendría que juzgarlos un jurado popular y no un tribunal profesional. Después de escuchar a las defensas y al fiscal, la sala se declaró "incompetente" y devolvió el sumario al juzgado de instrucción.

Los 17 agentes están acusados de pedir pequeñas cantidades de dinero a los extranjeros, la mayoría de las veces 50 euros, para dejarles pasar comida, plata, cuero, ropa, ordenadores o dinero. Según el escrito del fiscal, permitieron la entrada de alimentos afectados por alertas sanitarias como la fiebre aftosa o la gripe aviar. La Fiscalía reclamaba que 11 de los guardias sean suspendidos de empleo y sueldo durante tres años y se les impongan multas de entre 30 y 600 euros. Para los otros seis solicitaba que se les aparte del cuerpo tres años y nueve meses, y también una sanción económica.

El abogado José Luis Ortega, defensor de 14 de los 17 guardias, fue el encargado de plantear la nulidad del juicio "por falta de competencia" del tribunal profesional. "El tribunal ha aceptado que su competencia no estaba recogida por la ley, por lo que, si se juzga, debe ser el jurado quien lo vea (...) Humildemente creo que cuando se examine detalladamente no se va a celebrar, porque por una sanción de multa, no merece la pena", consideró el letrado tras suspenderse la vista.

Durante el turno de cuestiones previas, las defensas solicitaron la nulidad de las grabaciones de vídeo y audio en las que aparecían los guardias civiles enjuiciados recibiendo dinero de los pasajeros por considerarlas desproporcionadas para los delitos que se estaban investigando.

Ortega aseguró que esas grabaciones "no tienen auto que las permita" y que los investigadores no informaron al juez de que se iba a grabar en el cuarto que habitualmente se utilizaba para hacer los cacheos, algo que entraría en colisión con el derecho a la intimidad de las personas que lo visitaban. "Tenían que haber actuado desde el primer cohecho y no esperar a que se sumaran veinte", afirmó Ortega.

"Hay una clara desproporción entre la gravedad del hecho que se investiga y las medidas que se aplican", aportó el abogado Pedro Apalategui, que habló de un "vicio radical" que afectaría a los derechos fundamentales.

El letrado Carlos Larrañaga apuntó que, a esas alturas, no se había concretado el dinero que supuestamente había recibido su cliente como soborno, algo que le coloca en una situación de indefensión. "Sólo es posible defenderse de aquello que previamente se conoce", dijo. Larrañaga también se quejó porque habían solicitado en varias ocasiones que los viajeros declarasen en el juicio, pero que les se había denegado.

Todos guardias civiles acusados pertenecen a la escala básica y llevaban destinados en el aeropuerto de Málaga entre diez meses y cerca de veinte años. Cuando fueron detenidos, en febrero de 2006, algunos estaban a punto de jubilarse. En el banquillo también se sentó ayer un hombre de nacionalidad china, acusado de pagar a alguno de los agentes por pasar alimentos. Según el fiscal, la comunidad china que vivía en la Costa del Sol advertía a sus familiares de que, cuando viajaran a Málaga, llevaran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas.