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El juzgado acepta la petición del Betis y declara el concurso de acreedores

Rafael Pineda

Ya es oficial. El juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla emitió ayer un auto por el que se admite la propuesta realizada por el anterior consejo de administración, encabezado por Luis Oliver, y refrendado por el actual, con Rafael Gordillo como presidente, para que el Betis quedara acogido a la Ley Concursal. La medida se toma con una entidad cuya deuda se mueve en una horquilla de entre 55 y 80 millones de euros.

A partir de este instante, tal y como señala el auto, serán tres los administradores judiciales que deberán dar su conformidad a todos los pagos de trascendencia que se efectúen en el Betis. "Es una medida formal que estábamos esperando. Desde hoy, y para ser gráficos, el auto traza una raya y marca un antes y un después en los pagos a realizar. De ahora en adelante se primarán los pagos que preserven la continuidad de la sociedad", señaló a este diario José Antonio Bosch, vicepresidente de la entidad y uno de los administradores judiciales nombrados por la juez Mercedes Alaya.

El club bético solicitará en breve auxilio al juzgado para que la Federación Española levante el veto que tiene el Betis para poder fichar nuevos jugadores y tramitar nuevas fichas. Admitida la entrada en la Ley Concursal, no habrá problemas para que esto así se produzca. Del mismo modo, los rectores béticos estiman que cualquier sospecha sobre un posible descenso administrativo del Betis por impago a los jugadores queda totalmente diluida. "Los béticos pueden estar tranquilos, es una medida que nos protege. Además, también los acreedores tendrán la posibilidad de sentarse con los administradores y saber cuánto y cómo se les paga", añade Bosch.

Como administradores concursales, el juzgado ha nombrado a Antonio Jesús González Díaz y a Francisco Tato, mientras que el tercer administrador lo nombrará el propio juzgado a propuesta de los acreedores.

En el auto también se señala, teniendo en cuenta los procedimientos penales abiertos que atañen al trasvase de acciones que conceden el control de la sociedad, que los administradores concursales tendrán derecho de veto en futuras juntas de accionistas en el caso de que se adopten decisiones de carácter patrimonial sobre el Betis.

"El día a día de la entidad no se verá afectado, aunque los administradores concursales sí deberán dar su visto bueno a cualquier decisión de trascendencia en lo económico", aclara Bosch. A partir de ahora, los administradores disponen de un mes para redactar un informe en el que se contabilicen las deudas y los activos de la entidad. Luego, se negociará con los acreedores.

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