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Nadie sabe qué pasó con los bonos

Las Juntas vizcaínas cierran la primera investigación de su historia sin aclarar cómo desaparecieron ni fijar culpables - PSE y PNV se acusan mutuamente

La primera comisión de investigación en los 30 años de historia de las Juntas Generales de Vizcaya se cerró ayer sin resultados y confirmó la escasa utilidad de estos foros políticos. El dictamen aprobado en el pleno de Gernika no determina cómo desaparecieron 35.707 bonos de viaje del ferry Pride of Bilbao, por los que la Diputación ha tenido que pagar 9,7 millones de euros a la naviera que explotó el servicio entre 1993 y septiembre de 2010. Ni tampoco quienes fueron los culpables de ello pese a que se reconocen fallos en la custodia y en el traspaso del poder entre los altos cargos. Ni siquiera se ha llegado a un consenso: el documento fue aprobado por PNV, EB y EA, que sostienen que no existen "actos de mala fe, malversación de caudales públicos o enriquecimiento individual" y tiene el voto particular del PSE y el PP, que lo ven como un caso de beneficio a una empresa.

El PNV dice que se perdieron en 1999, cuando Transportes lo dirigía el PSE

Socialistas y PP creen que se trató de una decisión para beneficiar a la naviera

- Cómo surge. El caso se remonta a 1992, cuando la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco acuerdan subvencionar la puesta en marcha del ferry de Bilbao a Portsmouth pero la UE declaró que eran ayudas de Estado. En 1995, la Diputación, ya en solitario, aprobó otro acuerdo para sortear a la UE: se adquirían 46.500 bonos de viaje a la naviera P&O por 5,9 millones. Pero también fue declarada ilegal y el caso se resolvió en 2007 cuando un juzgado condenó a cada parte a devolverse dinero y bonos: 13 millones por la naviera y 3,2 por la Diputación, al haber utilizado 10.735 bonos.

- La raíz del problema. El meollo del caso se produce al aducir la Diputación que no tenía los 35.707 restantes, con lo que tuvo que pagar a la naviera otros 9,7 millones, calificado por el Tribunal Vasco de Cuentas como pérdida patrimonial y que ha motivado una investigación judicial por el Tribunal español de Cuentas.

- ¿Cómo desaparecieron? Es una de las claves que la comisión de investigación, creada en marzo, no ha aclarado. Pese a las 28 reuniones celebradas durante siete meses (de mayo a diciembre) y cerca de 60 testigos, no se sabe cómo se esfumaron 35.000 bonos que estaban apilados en grandes cajas (21 según el PP). Ni siquiera cuándo se produjo la pérdida. El PNV aseguró ayer, en el debate en las Juntas, que fue a principios de 1999 y culpó directamente al PSE, que dirigió hasta el verano de ese año el área de Transportes en el gobierno foral de coalición con el PNV. Los socialistas apuntan al 26 de abril de 2004 y que la decisión se tomó "a finales de 1999 o principios de 2000". El PP habla de "algún momento del año 1999 y comienzos del 2000".

- ¿Se perdió dinero? Tampoco se ha aclarado si el caso ha supuesto un agujero económico. PP y PSE, como también sostiene el Tribunal de Cuentas (en un informe que no recibió ninguna alegación de la Diputación), afirman que ha habido una pérdida patrimonial de 9,7 millones. El PNV lo rechaza porque, hasta que la naviera P&O ha tenido el servicio (en septiembre lo dejó, lo que ha motivado una denuncia en lo tribunales de la Diputación), "se han mantenido los derechos de viajes", algo que el PP cree aún peor, porque supondría incumplir la resolución de la UE al persistir las ayudas ilegales.

- Sin culpables. El dictamen aprobado ayer no desvela ningún culpable. Pero en el debate el PNV citó directamente al ex director foral de Transportes, el socialista Miguel Ángel Fernández (actual subdelegado del Gobierno central en Vizcaya), y socialistas y populares aseguraron que la desaparición fue una decisión política para beneficiar a la naviera y que siguiera con las ayudas.

- Mala custodia. El presidente de la comisión, Joseba Gezuraga (EA), dijo que la gestión de los bonos fue "desastrosa", en lo que coincidieron casi todos los grupos. El diputado general, José Luis Bilbao, anunció que, tras las elecciones, habrá más medidas de control. Lo único para lo que parece que ha servido la comisión. Los dos contenciosos judiciales abiertos auguran nuevos capítulos del caso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de enero de 2011