Los controladores aceptan someter su pugna a un árbitro

Los controladores aéreos votaron ayer mayoritariamente a favor de someter el largo y enquistado conflicto laboral con AENA a un arbitraje externo cuya resolución acepten los trabajadores y el gestor público de los aeropuertos españoles. La plantilla ratificó así el preacuerdo alcanzado el pasado diciembre entre si sindicato, USCA, y la empresa.

AENA y el sindicato deben intentar pactar ahora quién es la persona que puede dirimir sobre lo que se ha demostrado impactable entre ellos: la jornada de trabajo y el reparto de la masa salarial. Hoy comenzarán las reuniones para consensuar el nombre del árbitro o grupo de árbitros que pueda resolver sus discrepancias sobre el nuevo convenio colectivo del sector. Ambas partes tienen ya algunos nombres en mente, que hoy comenzarán a poner sobre la mesa.

La jornada y salario son los principales escollos del largo conflicto laboral

Si no hay acuerdo sobre el árbitro mañana, la mesa de negociación salta por los aires y AENA puede optar por pedir a la Administración un laudo arbitral de obligatorio cumplimiento por ambas partes, después de una larga negociación que no ha fructificado.

El ente que gestiona los aeropuertos quiere mantener las 1.670 horas de actividad aeronáutica anual, pero con la posibilidad de establecer cuatro niveles (entre las 1.200 y 1.500 horas) en función del tipo de aeropuerto o centro de control.

No obstante, en aquellas dependencias en las que el nivel de tráfico haga necesarias más horas de trabajo, el ente público pide alargar la jornada pero que esas horas se paguen como ordinarias. El USCA, por su parte, quiere rebajar la actividad dentro de dos años a 1.440 horas, una cifra que, asegura, es superior a la media europea.

Si pactan el árbitro, la negociación entre AENA y USCA continuará hasta el 31 de enero, fecha a partir de la cual el árbitro intervendrá sobre aquellos puntos no pactados.

Esta semana crucial en la negociación coincide con los últimos días del estado de alarma que el Gobierno decretó el pasado 4 de diciembre y que luego prorrogó con el visto bueno del Congreso de los Diputados. El Ejecutivo lo justificó por lo extremo de la situación provocada por la huelga ilegal que los controladores llevaron a cabo el pasado 3 de diciembre y que obligó a cerrar el espacio aéreo durante 24 horas.

Los hoteleros calculan en 90 millones de euros las pérdidas provocadas por el plante ilegal de los controladores aéreos que provocó el cierre del espacio aéreo, en pleno puente de la Constitución, según estimó el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas. En declaraciones a RNE, Molas destacó que el mayor impacto se registró en las Islas Canarias y en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.