Las colaboradoras de Roca le sitúan en el centro del chalaneo urbanístico

Se acabó el contemporizar y las declaraciones de guante blanco. Durante las primeras jornadas del juicio del caso Malaya, celebradas antes de Navidad, daba la impresión de que los imputados por el pelotazo urbanístico de Crucero Banús -el primer bloque del macrojuicio- hubieran firmado un pacto de no agresión entre ellos, y especialmente con el principal acusado, el ex asesor urbanístico de Marbella Juan Antonio Roca. En esencia, los acusados -socios en un negocio de más de seis millones de euros- hacían como que no se conocían y apuntaban al fallecido alcalde Jesús Gil como responsable de la recalificación de los terrenos.

Ayer, tras el parón navideño, llegó el turno de los testigos. Algunas de las colaboradoras más directas de Roca, como la abogada María Castañón, situaron al ex asesor urbanístico en el mismo centro de los trapicheos urbanísticos del gilismo. La letrada Castañón, contratada por Roca en la sociedad municipal Planeamiento 2000, afirmó que el el supuesto cerebro de la trama "negociaba todos los convenios urbanísticos, con carácter general". Y que, en concreto, en 2002 negoció con el concejal gilista Pedro Román los términos del convenio de Crucero Banús, después de que un año antes ambos socios -junto al letrado Juan Hoffmann y el ex comisario Florencio San Agapito- adquirieran los terrenos que se iban a recalificar.

Castañón: "Roca me dio el borrador del convenio delante de Pedro Román"

"Roca estaba con Román en el despacho y delante de él me dio el borrador del convenio y las indicaciones para que yo lo redactara", afirmó la abogada. Castañón, antigua amiga del ex asesor urbanístico -en 2001 pagó 18.000 de los 450.000 euros de fianza que impuso a Roca la Audiencia Nacional por el caso Saqueo- aseguró que entre Roca y el ex regidor Jesús Gil existía "una confianza extrema", hasta el punto de que el alcalde "daba por bueno todo lo que él hiciera.

Castañón precisó también que aunque Planeamiento 2000 -entidad encargada de redactar el Plan General de Ordenación Urbana de 1998, que nunca tuvo validez- y la gerencia de Urbanismo -que tramitaba las licencias de obra- eran dos entes autónomos, Roca tomaba las decisiones en ambos ámbitos.

Cuando Roca alcanzaba el acuerdo con el promotor de turno, llamaba a Castañón a su despacho y, según ella, le daba una hoja manuscrita con el precio y la forma de pago. También se reflejaban en esa hoja, a la que la letrada daba luego forma jurídica, los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían tanto al promotor como al consistorio. Una vez firmado el convenio, los promotores "pedían licencia de obra y se la daban".

Todo pasaba por Roca. Antes de que se celebraran las reuniones de la comisión de gobierno municipal, el ex asesor urbanístico reunía a los concejales en su despacho de Planeamiento y les daba la relación de licencias que se debían aprobar, recordó Castañón.

En la sesión de ayer intervino brevemente la también abogada Raquel Escobar, destinada en la gerencia de Urbanismo. Su declaración, interrumpida hasta el día de hoy porque se estropeó el sistema de grabación de la vista oral, arrancó en el mismo sentido que la de María Castañón: "aunque dependía orgánicamente de Jesús Gil, mi jefe inmediato era el señor Roca", afirmó. Escobar afirmó que no tenía relación con Jorge González, el jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo cuya declaración, al menos formalmente, dio inicio a la investigación del caso Malaya.