Las miserias del 'caso Gürtel'

El despacho del juez Antonio Pedreira, donde se investiga la mayor trama de corrupción política destapada en España desde el advenimiento de la democracia, apenas ocupa 40 metros cuadrados. Y, además, es compartido. Junto a Pedreira, en esa apretujada estancia, trabajan también sus colegas de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro.

Impresiona ver los montones de diligencias y tomos del caso Gürtel que flanquean la mesa del juez, que se elevan desde el suelo porque no hay espacio ni armarios donde colocar la cascada de diligencias que el asunto genera a diario desde hace muchos meses. "No hay intimidad y tampoco se puede hablar a solas con el juez; sus colegas están al lado y todo se oye", describen fuentes de la investigación que despachan a menudo con Pedreira.

Los 100.000 folios de la causa irán en dos o tres meses a un juzgado de Madrid

El Supremo ha pedido a Pedreira que le expurgue las escuchas de Garzón

Con más de 60 imputados en Madrid -sin contar los de Valencia y Castilla y León, que aún siguen bajo la lupa de Pedreira a la espera de que adquieran firmeza los autos de inhibición dictados a favor de los tribunales superiores correspondientes-, el caso Gürtel es el mayor latrocinio de dinero público de la reciente historia de España. El juez tiene impuestas fianzas que se acercan a los 200 millones de euros. Nunca hasta ahora habían aflorado tantos aforados y con pruebas tan sólidas contra ellos por haber robado tanto dinero de las arcas públicas.

Pero no es solo una cuestión de intimidad y de exiguo espacio lo que hoy traba el caso. Hay muy pocas manos para una causa que acumula ya más de 100.000 folios. Después de que el juez Baltasar Garzón, instructor inicial del caso, elevase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los 17.000 primeros folios que había instruido, el secretario de la Sala, Francisco de Asís González, exigió más medios para afrontar la avalancha de documentos que, como ha sucedido, se avecinaba. Por escrito y a través del presidente de la Sala, Francisco Vieira, González dio la voz de alarma. Aparte de medios tecnológicos, reclamó a la Consejería de Justicia del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre más funcionarios; al Ministerio de Justicia, dos secretarios más aparte de él; y al Consejo General del Poder Judicial, la asignación de un juez de apoyo. Francisco Granados, consejero de Justicia, reforzó la plantilla con varios funcionarios extraídos de la bolsa de trabajo. Pero son interinos, con contratos renovables mensualmente y sin experiencia en tramitación de causas judiciales. Y menos aún en un asunto tan complejo como este, con una veintena de comisiones rogatorias en diferentes rincones del planeta en busca de los millones evadidos, y reos en manos de algunos de los mejores abogados del país.

Ahora mismo hay un único secretario en la sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior. Jamás había tenido tanto trabajo. No solo se encarga de dar fe y cursar las comunicaciones que dicta Pedreira, sino que también lleva las causas de los otros tres jueces de la Sala y el archivo del tribunal. Para colmo, ahora tendrá que expurgar los 100.000 folios y remitir al Tribunal Supremo la documentación sobre las escuchas que dictó Garzón en la cárcel entre los principales acusados y sus abogados.

Al Supremo le fue enviada toda la causa, pero el instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha pedido que se le facilite ya depurada. Conclusión: el secretario, que está para todo, no da abasto. 20 meses después de llegar el caso al TSJM, el Ministerio de Justicia no ha ampliado el número de secretarios. Y ni visos de que lo haga. Tampoco el Poder Judicial ha accedido a otorgar un juez de apoyo a Pedreira, alegando que legalmente no era posible.

"Hay que dotar a los tribunales de muchos más medios para la lucha contra tramas tan dañinas como esta para la sociedad, y lanzar un mensaje de que el corrupto que la hace, la paga rápidamente", subraya Ángel Galindo, abogado de José Luis Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción puso al descubierto los millonarios sobornos a altos cargos del PP que pagó la trama a cambio de contratas de obras o de actos públicos inflados de precio.

En esta carestía de medios, técnicos y humanos, es muy posible que las decenas de miles de folios del sumario abandonen en dos o tres meses la sede del TSJM para recalar en uno de los juzgados de la plaza de Castilla. ¿Por qué? El caso Gürtel tuvo que abandonarlo Garzón en cuanto vio que entre los imputados había tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y hasta el mismísimo presidente de Valencia, Francisco Camps. Las causas contra aforados autonómicos solo pueden instruirlas los jueces de los tribunales superiores. Es previsible que el ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco no vayan en las listas del PP de las elecciones de mayo y pierdan así su fuero. En ese momento, Pedreira se inhibirá y remitirá el asunto a un juzgado normal de Madrid. No volverá a la Audiencia Nacional, donde empezó con Garzón, ya que los aforados de otras comunidades, Valencia y Castilla y León, para entonces ya estarán previsiblemente en manos de sus respectivos tribunales superiores. Así, la investigación ya no sería supraprovincial, aunque no faltan expertos en derecho que postulan la vuelta del sumario al ex despacho de Garzón.

Pero la opinión más arraigada es que acabará en los juzgados de Madrid. Cuando llegue estará prácticamente instruido, con un auto de transformación de procedimiento abreviado por delante y concreción judicial de hechos a sus autores, y posiblemente también con una decena menos de imputados. El juicio se celebraría así en la Audiencia de Madrid. Pero todo ello si le da tiempo a la exigua plantilla judicial que, con sus penurias, tramita hoy la mayor trama de corrupción de la democracia; esto es, un juez, medio secretario y funcionarios interinos sin apenas experiencia.