Inabarcable lacra

La violencia machista es un infierno para miles de mujeres y un desafío para los expertos, que comprueban con impotencia la compleja naturaleza de unos crímenes atroces que persisten a pesar de la batería de medidas desplegadas para atajarlos. 2010, tras cinco ejercicios de aplicación de la Ley de Violencia de Género, ha sido un año nefasto con 15 mujeres muertas más que el anterior y una cifra en términos absolutos (71) equiparable a las registradas antes de la entrada en vigor de dicha norma. La experiencia confirma que el fenómeno es de tales dimensiones (470.706 denuncias y 145.166 condenas en cinco años) que convierte en tarea inabarcable la aplicación de las medidas de protección que genera el sistema judicial. Ello ha provocado ya las primeras voces contra la eficacia de las miles de órdenes de alejamiento que dictan los jueces y que en los últimos cinco años han sumado 154.320. No hay efectivos policiales suficientes para cumplirlas con rigor.

La otra gran dificultad es que, en estos crímenes, la víctima depende económica y emocionalmente de su verdugo. De ahí la alta proporción de retirada de denuncias (el 12,4%), la resistencia de las víctimas a denunciar al agresor (solo el 28% de las asesinadas denunció previamente a su verdugo) e incluso la actitud conciliadora pero a veces suicida que mueve a muchas mujeres a ser ellas las que rompen la orden de alejamiento dictada por un juez.

Es razonable intentar ajustar la panoplia de medidas desplegadas para luchar contra la violencia de género. Es necesario analizar, por ejemplo, la disparidad de concesión de órdenes de protección de un territorio a otro y evaluar si tal disparidad tiene su fiel reflejo en el número de víctimas. Algunos expertos reclaman ya a los jueces mayor prudencia a la hora de dictar órdenes de protección, pero relajar el cerco a los maltratadores es una estrategia arriesgada en una batalla que exige determinación y tolerancia cero. Solo las medidas preventivas pueden ofrecer cierta seguridad a las víctimas y disuadir a los verdugos.

La dependencia económica y emocional de las víctimas tiene que ver con la posición de desventaja social que todavía sufren las mujeres. La raíz del problema es una desigualdad lacerante que algunas instituciones, como la Iglesia católica, fomentan sin rubor, como se ha visto hace poco con las palabras del obispo de Alcalá de Henares sobre la menor violencia machista en los matrimonios católicos.