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El 70% de los pisos nuevos construidos en las zonas costeras están sin vender

Siete de cada diez pisos a la venta en zonas turísticas se quedan vacíos

El 2010 fue otro año horrible para la promoción inmobiliaria. En Galicia, comunidad teóricamente menos afectada que otras zonas españolas, los cálculos más optimistas estiman que hay 20.000 viviendas nuevas sin vender sobre un parque total que debe superar con creces el único censo oficial que existe, realizado en 1991 por el Instituto Nacional de Estadística, de 1.137.000 hogares. De las grandes constructoras, únicamente Martinsa-Fadesa tiene en cartera un volumen apreciable de pisos vacíos. Son 1.370, casi todos en la urbanización Costa Miño Golf del municipio coruñés. La nueva caja de ahorros tiene a la venta otros 346 inmuebles de los que se ha tenido que hacer cargo, la mayoría en pago de préstamos fallidos solicitados por promotores.

Según datos del Informe Ardán que publica la Zona Franca de Vigo, durante el auge inmobiliario al menos 268 empresas constructoras incrementaron sus ingresos a un ritmo medio del 56% anual entre los años 2000 y 2006. Cuando la burbuja estalló, casi todas frenaron en seco sus números. "Llevo mucho tiempo en esto, pero nunca había visto tantas ventas sobre plano como por aquel entonces", recuerda Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin). De aquellos polvos llegaron pronto los lodos. Según los cálculos de la Aproin, siete de cada diez viviendas de uso turístico y residencial no encuentran ahora ninguna salida en el mercado. En las ciudades los promotores dicen no apreciar grandes stocks, aunque un repaso por las webs inmobiliarias muestra ofertas importantes, como la de una empresa que construye seis edificios en pleno centro de A Coruña, o la torre que acaba de terminar Sacyr muy cerca del centro de Vigo. El paisaje de grúas paradas de A Mariña lucense o los carteles de venta de urbanizaciones enteras en Sanxenxo son la cara más visible de la sobreoferta. El caso más paradigmático quizá sea el de la localidad de Salvaterra, donde el desarrollo de la Plisan, que se anunció como el mayor polígono industrial de Galicia, desató a principios de la década la bulimia del ladrillo, lo que de paso llenó las arcas municipales. Ocho años después, tras la anulación del plan sectorial que daba vida al parque y mientras los políticos buscan soluciones rápidas al problema, muchos pequeños constructores y algunos especuladores que compraron para revender han acabado pagando el pato.

"En el área turístico-residencial los ciclos remiten a gráficas con dientes de sierra", dice Garrido, "tarde o temprano esas promociones, incluidas las de la costa lucense, se terminarán y se venderán".

El sector sigue en pie de guerra contra la ley del suelo estatal, que obliga a las comunidades a reservar un mínimo del 30% de viviendas protegidas (en municipios como Vigo el ayuntamiento lo ha elevado al 40%). Aunque también hay dificultades para sacarlas al mercado. La Xunta se ha marcado, en el Plan de Vivenda 2009-2012, el objetivo de que 50.000 personas accedan a un piso de protección, para lo que es imprescindible inscribirse en el registro de demandantes. "Pero el registro no funciona. De los apuntados pocos compran. Muchos creían que las condiciones eran mejores, a otros no les dan crédito los bancos y algunos incluso pensaban que las viviendas se regalaban", resumen los promotores. Los mayores desarrollos de protección oficial en Galicia se encuentran ahora en el Polígono de Navia (Vigo), el Ofimático (A Coruña), Valdecorvos en Pontevedra y Narón.

En cuanto a la vivienda libre, de promoción privada y sin precio tasado, los empresarios quieren impulsar 5.000 ventas anuales dando garantías a personas que, pese a tener capacidad económica, no se atreven a comprar una casa por miedo a perder el empleo. Para conseguirlo le han presentado a la Xunta un Plan de Reactivación pidiendo ayudas a la financiación, rebajas de impuestos, beneficios en la rehabilitación y "racionalidad" a la hora de planificar leyes.

Promesas incumplidas

Al Partido Popular no le gusta el registro de demandantes, obligatorio para quienes quieran acceder a un piso de protección oficial. Lo dice el propio programa electoral que aupó a Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta. Su compromiso era sustituir ese trámite por un "registro de viviendas" en el que el promotor pondría a disposición pública una serie de inmuebles a un precio por debajo de un máximo -que fijaría anualmente la Xunta-.

Según los planes del PP, los empresarios tendrían que comprometerse a mantener las ofertas durante al menos un año con posibilidad de prórrogas. La Administración se limitaría a informar de las casas disponibles y la gestión sería a cargo de los promotores, Según la propuesta de campaña, eso abriría la puerta al despegue de las ventas, "de modo que se podrán comprar en unas condiciones muy ventajosas, similares a las que se aplican para las viviendas protegidas".

El plan, del que no se sabe nada, era un calco del puesto en marcha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y que ha sido un rotundo fracaso. Aguirre anunció a bombo y platillo un acuerdo con entidades financieras y constructores para dar salida a 25.000 pisos vacíos. Al final, apenas un 5% aceptaron las condiciones y las ventas reales fueron anecdóticas. Por descontado, tampoco consiguió su principal objetivo, que era forzar la bajada de los precios hasta un 20%.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de enero de 2011

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