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Comisión de investigación del caso De Miguel

'Confusión' en las citaciones

La esposa de De Miguel niega haber recibido la comunicación oficial - El PNV pide "más cuidado" - Aguirrezabala: "La semana que viene no faltará nadie"

Los integrantes de la comisión parlamentaria que investiga las supuestas tramas de corrupción y espionaje que apuntan al núcleo del poder del PNV alavés han tenido que ir cambiado el guión sobre la marcha: En dos jornadas de comparecencias, tres personas han optado por no acudir. Cada situación es distinta: El ex edil peneuvista, Iñaki San Juan, que nunca contestó las llamadas telefónicas realizadas por el presidente de la comisión, Juan José Agirrezabala, no apareció sin más y no esgrimió motivo alguno. La esposa de Aitor Tellería, Araceli Bajo, envió junto a su marido un escrito en el que justificaba que no acudiría al estimar que la comisión no da suficientes "garantías jurídicas". Y la mujer de Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbao, dijo que no había recibido la comunicación oficial y que, por ello, no acudiría -sí habló por teléfono con Agirrezabala-. "Todos estaban avisados", recalcó el presidente de la comisión y único parlamentario de EA ante tanta confusión. El PNV, por su parte, solicitó a la mesa que, en adelante, sea "especialmente cuidadosa" en las citaciones manteniendo las garantías formales.

"Todos estaban avisados" recalcó el presidente de la comisión

De momento, la comisión ha optado por mantener el mismo criterio pactado el lunes, estableciendo una segunda convocatoria para los ausentes. En caso de que no se presenten, la cuestión será llevada a la Fiscalía para que sean perseguidos por un delito de desobediencia. Se arriesgan así a una condena de entre seis meses y un año de prisión. En caso de ser autoridad o cargo público, además implicaría una suspensión de entre seis meses y dos años.

Las dos administradoras de Kataia Consulting deberán comparecer los días 21 de enero, en el caso de Ainhoa Bilbao, y 24 de enero, en el caso de Araceli Bajo. El parlamentario de EA señaló que dicha modificación no "acarreará consecuencias para el calendario", salvo en la fecha de conclusiones sobre los presuntos contratos irregulares efectuados por el Departamento de Cultura del anterior Gobierno vasco, que pasa del día 24 de enero al 26. Agirrezabalaga recordó que el objetivo de la comisión de investigación es "ver qué responsabilidades políticas existen" en el caso De Miguel, y manifestó que la labor de dicha Comisión es compatible con la vía judicial, algo cuestionado por los abogados de los implicados.

Además, el parlamentario, que avisó de que no permitirá que nadie "falte al respeto al Parlamento", subrayó que la Cámara legislativa "protege todos los derechos y no los conculca". Esta falta de garantías fue uno de los motivos esgrimidos por el abogado de Araceli Bajo y Aitor Tellería para justificar la no comparecencia de ambos. También consideró que, al estar bajo secreto de sumario la parte relativa al espionaje, por la que Tellería está imputado, no pueden comparecer.

Tras esta segunda jornada de comparecencias, está previsto que el próximo lunes acuda ante la comisión el ex director de Juventud del Gobierno vasco, Xabier Sánchez, también imputado, y cuya presencia está asegurada, recordó Agirrezabala.

"La semana que viene no faltará nadie", añadió el presidente de la comisión. Entre ellas está prevista también la de la ex consejera de Cultura, Miren Azkarate por los contratos sospechosos adjudicados por su departamento en su mandato. También está citado el viceconsejero Gurutz Larrañaga, imputado por los hechos.

Las personas citadas por la comisión tienen la obligación de comparecer y de que lo que digan ante los parlamentarios sea verdad, pero les asiste el no responder a las preguntas planteadas. En el caso de San Juan, la Cámara le ha convocado otra vez para el día 17 de enero antes de llevar la cuestión a los tribunales. Con respecto a Tellería y su esposa, la justicia deberá dilucidar si el envío de un burofax para notificar que no acudirán juega a su favor si optan por no ir a la segunda convocatoria. En todo caso, es de suponer que los imputados que acudan se acojan a su derecho a no declarar.

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