El rechazo a la protesta de los presos es un aviso ante el final de ETA

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el PP y UPyD han solicitado al Gobierno vasco la prohibición de la manifestación convocada en Bilbao para este sábado por Etxerat, la plataforma de familias que apoyan a los presos de ETA, para reclamar el acercamiento de los presos de la banda terrorista al País Vasco y que cuenta con la adhesión de partidos legales, como Aralar y Eusko Alkartasuna, así como de numerosos particulares, entre otros, ocho futbolistas de la Real Sociedad.

El Gobierno vasco del socialista Patxi López ha hecho caso omiso a esta petición porque Etxerat es "una organización legal, de familiares de presos y porque la manifestación no entraña riesgo de incidentes". No es la primera vez que el Gobierno vasco de Patxi López no secunda reclamaciones procedentes del PP vasco, como la petición de que se querellara contra unas declaraciones del dirigente de Batasuna, Tasio Erkizia, en las que dijo que la violencia ya no tenía sentido, aunque tuviera justificación. El Gobierno vasco alegó que esa querella estaba perdida en los tribunales.

Más allá de la tensión política que suscitan estos acontecimientos entre el PSE y su socio parlamentario, el PP vasco, se plantea una cuestión de fondo: la actuación preventiva de la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo y del PP ante el proceso terminal de ETA, que parece inminente. Y su intento de condicionar así la política antiterrorista del Gobierno.

El pasado 26 de diciembre, la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo suscribió un documento que establecía una serie de "principios rectores" sobre el final del terrorismo de ETA, entre los que recogía como "condición democrática básica" la reprobación de la historia de ETA para que sea posible la reinserción particular de sus presos y la participación de la izquierda abertzale en las instituciones, una vez que la banda declarase el final de sus actividades terroristas.

Ante la hipótesis de que ETA declarase el final de la violencia, el documento exigía, también, que la política penitenciaria del Gobierno no se convierta en una "política de gracia" y que las medidas de reinserción se apliquen individualmente y no de modo colectivo. El PP vasco ha anunciado que llevará a debate al Parlamento vasco la propuesta de las víctimas del terrorismo sobre el final de ETA

Ni el Gobierno vasco ni el central se pronunciaron sobre este texto cuando se publicó el 26 de diciembre. Sin embargo, un mes antes, la directora de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, ya había adelantado a EL PAÍS su posición contraria a que las asociaciones de víctimas, como tales, adoptaran posiciones en política antiterrorista, que corresponden al Gobierno, incluido el rechazo a cualquier diálogo con ETA.

Lasa dijo: "La política antiterrorista es responsabilidad exclusiva del Gobierno, que ha de ejercerla con el límite de la ley, como es propio en un Estado de derecho. Son los poderes públicos los encargados de velar por el interés general y esto es válido para la política antiterrorista. Hoy por hoy el acuerdo sobre esta materia entre los principales partidos proporciona un grado de confianza a proteger".

En la misma dirección se pronuncia el director de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno central, José Manuel Rodríguez Uribes, en un texto titulado Sobre el terrorismo y sus víctimas.