De la bronca política al diálogo

Los intercambios de electricidad entre el PP y el PSPV han sido la tónica general durante la legislatura que expira en la próxima primavera. Las relaciones entre los dos principales partidos de las Cortes Valencianas han sido, sin duda, las más agrias desde la recuperación de las instituciones propias. El caso Gürtel, en el que está implicado el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha sido el detonante del embroncamiento entre ambos partidos, que han paseado su pulso del hemiciclo a los tribunales y viceversa. Pero ayer se abrió una brecha en estas relaciones tempestuosas.

Tras una decena de intentos sin éxito por parte del PSPV por abrir un diálogo ante la extraordinaria crisis, agravada en la Comunidad Valenciana por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la elevada deuda de la Generalitat, Camps aceptó ayer iniciar contactos para tratar de consensuar reformas económicas y la modificación del Estatut d'Autonomia con el fin de mejorar la financiación autonómica.

Mientras los escándalos de corrupción que afectan al PP sumían a la Generalitat en una crisis institucional sin precedentes y paralizaban la acción de gobierno, la cifra de desempleados ha ido creciendo hasta rebasar el medio millón y la deuda se disparaba al 16% del PIB regional, la más alta de España.

En privado, los principales empresarios han manifestado su cabreo con ambas formaciones políticas, ya que la situación económica exigía altitud de miras, unidad de acción y medidas adecuadas para hacer frente a la crisis. La presión de los empresarios ha sido determinante en el cambio de actitud de Camps, quien en su discurso de Fin de Año apeló a la necesidad de recuperar la estabilidad y la normalidad que propició la reforma del Estatut en 2006.

Apenas unos días antes, Camps había recibido un varapalo público por su gestión económica del principal lobby empresarial valenciano, AVE. Francisco Pons, que hizo balance de su último año de mandato, consideró "una absoluta falta de responsabilidad" que los políticos no fueran "capaces de ponerse de acuerdo sobre cuestiones estratégicas". "Solo se ponen de acuerdo en función de sus intereses, nunca en función de los del ciudadano", añadió.Las palabras de Pons, que recogían el malestar de los principales empresarios de la Comunidad Valenciana, hicieron mella en Camps. Alarte, que también ha mantenido varias reuniones con los empresarios, aprovechó ayer para destacar que sus propuestas de saneamiento drástico de la Generalitat y de reforma económica también son resultado de las aportaciones de las patronales y de los sindicatos.

Fuentes empresariales valoraron ayer como "muy positivo que los políticos traten de alcanzar acuerdos" y negaron haber presionado, aunque admitieron que ha habido "mensajes constantes" en ese sentido. Según advirtieron, la situación económica impone tomar "cuatro o cinco decisiones duras" que "exigen el consenso de los principales partidos". Los empresarios consideran que a cinco meses de las elecciones "apenas queda tiempo", pero se darían por satisfechos si por lo menos se alcanzara un acuerdo para que estas "decisiones duras" no se convirtieran en caballo de batalla durante la campaña electoral. Según señalaron, confían en que las reuniones para sentar las bases del acuerdo se produzcan "de forma inmediata". Es decir, "en dos o tres días". Al respecto, Alarte espera que la reunión con Camps pueda celebrarse "después de las fiestas", aunque no hay fecha límite.

En la única entrevista oficial que ha mantenido con Camps hasta ahora, en enero de 2009, Alarte presentó un documento de 40 medidas contra la crisis que el presidente ninguneó, aunque fuentes de la Presidencia aseguraron que "se las mirarían". Este encuentro fue un fracaso, un diálogo de sordos en el que Alarte trató de poner en primer plano la crisis económica y Camps antepuso la financiación autonómica y la exigencia de los trasvases.

Dos años después, ambos dirigentes acordaron por teléfono, "en un tono correcto, institucional y positivo", iniciar contactos para "trabajar un documento de acuerdo". Alarte centró el posible acuerdo en dos asuntos: la adopción urgente de medidas para afrontar la crisis y el impulso "al más alto nivel político" de la reforma del Estatut, que el PP llevó a las Cortes a finales de año para adecuar la financiación al peso de la población valenciana.

Según explicó el dirigente socialista, a Camps "le pareció bien" la propuesta, aunque pidió que se reúnan primero los gabinetes de Presidencia y de la secretaría general del PSPV para elaborar un documento sobre el posible acuerdo, que luego sería escenificado por ambos.

Pese a estar en la pendiente de la legislatura, el líder socialista consideró que "hay tiempo" para aprobar la modificación del Estatut y para impulsar cambios legislativos "urgentes e inmediatos" para poner en marcha un programa de saneamiento, ya que ambos partidos conforman "una amplia mayoría parlamentaria".

La coordinadora y portavoz parlamentaria de EUPV, Marga Sanz, criticó el posible acuerdo entre Camps y Alarte como reflejo de un "bipartidismo excluyente" que conducirá, en su opinión, a otro "pacto de la vergüenza", en referencia a la reforma del Estatut pactada en 2006. El PP valenciano guardó silencio sobre la iniciativa acordada por Camps y Alarte.