Un decreto fijará los criterios a seguir con las viviendas ilegales

La consejería de Obras Públicas prepara una norma específica para dar solución a las decenas de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable en el medio rural y que dejen de estar en el limbo jurídico en el que se encuentran y expuestas a una muy variada gama de respuestas en los ámbitos administrativo y judicial, cuando no contradictorias. Más que una norma que establezca preceptos, el texto fijará los procedimientos a seguir y los requisitos para la normalización de estas viviendas con unos criterios homogéneos pero no modifica la ley que hay que seguir cumpliendo.

La inmensa mayoría de estas viviendas quedará fuera de los planes de ordenación urbana por estar sobre suelos no urbanizables y alejadas de los núcleos urbanos consolidados. Desde Obras Públicas se asegura que se busca fijar unos mínimos requisitos con los que estas viviendas podrían obtener una licencia de primera ocupación que diera a sus propietarios seguridad jurídica.

Una de las exigencias para la normalización es que no repercuta en las arcas públicas

La normativa, que presumiblemente será un decreto, contemplará tres presupuestos básicos: Las viviendas que en ningún caso pueden ser legalizadas ni entrar dentro de ningún plan de ordenación, y por tanto abocadas a ser demolidas; las que pueden obtener este permiso de mínimos y subsistir, aunque fuera de ordenación; y las que sí pueden ser legalizadas con todas las consecuencias. Todo ello considerado que la casuística es muy amplia, con una graduación muy variada de los incumplimientos que habrá de considerarse en la exigencia de requisitos de normalización, y con fenómenos de construcción también muy distintos según las comarcas y territorios.

Además de cumplir los requisitos urbanísticos, una de las exigencias indispensables para las viviendas que puedan normalizarse es que no haya repercusión sobre las arcas públicas, y que los promotores o propietarios corran con los gastos de dotación de servicios e infraestructuras básicas. Todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos que han comprado una vivienda legal y que por tanto contribuyen con sus tasas e impuestos al mantenimiento de servicios colectivos.

Las viviendas condenadas a la demolición serían aquellas construidas en suelo especialmente protegido o que incumplen alguna normativa sectorial, especialmente de medio ambiente o que infrinjan la Ley de Costas.

Para las viviendas que pueden beneficiarse de algún tipo de normalización, aun quedando fuera de ordenación, la norma considerará diversos criterios para valorar la gravedad de los incumplimientos. "Será una normativa muy exhaustiva", insisten fuentes de la consejería, porque hay una gama muy variada de casos. Hay casas que pueden estar en situación de ilegalidad sobrevenida porque se construyeron con las características que tienen antes de que entraran en vigor las leyes que las prohíben. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2003, prohíbe la construcción de una vivienda en suelo rústico en una parcela que no tenga al menos 25.000 metros cuadrados y cuyo uso esté condicionado a las labores agrícolas, ganaderas o forestales.

La consejería mantiene que la solución de las decenas de miles de viviendas en suelo no urbanizable deberá verse caso a caso y dentro del planeamiento urbanístico de cada municipio. Los alcaldes de las comarcas más afectadas por la proliferación de viviendas en suelo rústico, especialmente los de la comarca malagueña de La Axarquía, han pedido reiteradamente la elaboración de un reglamento sobre usos en suelo urbanizable, algo que la Junta ha considerado innecesario porque entiende que la LOUA ya fija con claridad lo que es posible y no hacer.