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OPINIÓN
Columna
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'Pase usted primero'

La reunión celebrada esta semana por el Comité de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo podría ser la última de su breve existencia. El Código de Conducta Política contra el transfuguismo en las corporaciones locales fue rubricado el 7 de julio de 1998 por PP, PSOE y otros 11 partidos ante la alarmante frecuencia de las mociones de censura victoriosas presentadas contra alcaldes ganadores en las urnas.

El núcleo de esa patología democrática implica la alteración de la representación política en los ayuntamientos a espaldas de los votantes. El concejal tránsfuga abandona -con su escaño incorporado- las filas del partido que le incluyó en sus listas y que pagó su campaña a fin de aliarse con sus adversarios. De los más de 8.000 ayuntamientos existentes en España, populares y socialistas gobiernan por mitad cerca de 6.000 municipios. En los núcleos de pequeña o mediana población, la influencia del caciquismo tradicional, la escasa densidad ideólogica, las enemistades personales o familiares y la oportunidad de enriquecimiento ilícito ofrecida por las recalificaciones y licencias forman el caldo de cultivo de una práctica transversal que atraviesa las fronteras entre las formaciones políticas, tentadas siempre de buscar resquicios para engrosar su financiación ilícita.

Peligra el mantenimiento del Código de Conducta Política contra el transfugismo en el ámbito municipal

La asignación de los escaños de los tránsfugas mediante el corrimiento automático de la lista del partido fue rechazada por el Constitucional con el argumento de que los electos se hallan ligados a los electores por un mandato no imperativo. La reforma recién aprobada de la ley electoral propone una rebuscada fórmula contra el transfuguismo que deberá ser sometida a la prueba de los hechos y de los tribunales.

Aunque el Código de Conducta Política contra el transfuguismo haya disminuido su volumen, no lo ha suprimido. Desde 1999, el Comité de Seguimiento ha detectado 204 casos; tras las elecciones de 2007, esa práctica desleal ha hecho perder 24 alcaldías al PSOE y siete al PP. Los socialistas conquistaron la alcaldía de Benidorm en septiembre de 2009 gracias a una moción de censura apoyada por un desertor del PP; conocedores de las sanciones establecidas por el Pacto Antitransfuguismo, los concejales lanzados al abordaje pidieron astutamente la baja en el partido antes de ser expulsados.

Pero los órganos territoriales y federales del PSOE, que condenaron en su día ese pirateo, cambiarían un año después de opinión y proclamarían cabeza de lista por Benidorm como independiente a su actual alcalde, el teóricamente ex socialista Agustín Navarro. El PSOE se ofrece ahora a dar marcha atrás si los populares se comprometen también a no incluir en sus listas a quienes incurrieron o se aprovecharon del transfuguismo durante esta legislatura. Pero nada más irritante para los ciudadanos que ese bromazo del pase usted primero cruzado entre los partidos metidos en pelea a fin de guardar las formas.

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