"La democracia no pedirá perdón por ser sanamente relativista"

El Gobierno rebatió ayer con contundencia uno de los grandes argumentos conservadores contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía: la acusación de que parte del "relativismo moral", denunciado por el Papa como uno de los más graves problemas de Occidente. "La democracia no tiene que pedir perdón por ser un régimen relativista, sanamente relativista", afirmó la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, en sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional.

"La concepción filosófica que presupone la democracia es el relativismo", dice el abogado del Estado, "que no es más que el otro nombre de su connatural pluralismo ideológico".

La Abogacía del Estado, que dirige Joaquín de Fuentes Bardají, se ha opuesto frontalmente al recurso de amparo presentado por los padres de una niña que cursaba segundo de ESO y que impugnaron la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Se trata del primer recurso que llega al Constitucional en esa materia después de que el Supremo anulase algunos pronunciamientos judiciales de Castilla y León y Andalucía favorables a padres objetores. La asignatura se imparte en 5º o 6º de Primaria y en 2º o 3º de la ESO desde 2007 entre intentos de boicot. Algunos tribunales ampararon la objeción, rechazada por el Supremo.

"Mañana objetarían a la asignatura de Ciencias, que explica la evolución"

La libertad ideológica del padre puede chocar con la del menor

Las alegaciones las firma el abogado del Estado ante el Constitucional Jesús García Torres, quien afirma: "Hoy la objeción recae sobre Educación para la Ciudadanía. Mañana podría objetarse la asignatura Ciencias de la Naturaleza, porque se explica en ella la teoría de la evolución, incompatible con la letra del relato bíblico de la Creación".

Frente a los argumentos iusnaturalistas predicados por Ratzinger y seguidos por los padres objetores, el representante del Estado explica que, por su propia esencia, "el principio pluralista de un Estado democrático exige ciudadanos capaces de juicios morales autónomos" frente a la presión de mecanismos sociales de creación y modelación de opiniones, "llámense confesiones religiosas o medios de comunicación".

"Si los poderes públicos impusieran que existe una ley natural permanente e inmutable, reflejo de la ley divina en la criatura natural, estarían violentado la neutralidad ideológica", asegura el abogado del Estado en sus alegaciones. Y añade: "Si los ciudadanos no son capaces de defender sus derechos fundamentales y no son educados para ello, ninguna ley natural permanente e inmutable los salvará".

En cuanto a la negación por los padres recurrentes de que el Estado pueda constituirse en "educador en las virtudes cívicas o formadoras de la afectividad y los sentimientos", replica que de la Constitución "no resulta que la educación o las virtudes cívicas deba considerarse monopolio de los padres". "Estos pueden y deben tener un importante papel en la formación de buenos ciudadanos, pero también la escuela ha de contribuir a ello", añade. Es más, "la formación democrática de los ciudadanos dentro del sistema educativo es constitucionalmente imperativa".

Frente al argumento de los objetores de que se puede acabar denigrando como "prejuicio homófobo" las concepciones que defienden el matrimonio heterosexual, la réplica es: "El objetivo de la asignatura es educar en la igualdad, lo que obliga sobre todo a que los alumnos aprendan a reflexionar sobre la exclusión y la discriminación, casi siempre basadas en el prejuicio. No cabe confundir el repudio de la discriminación por motivos de orientación sexual con la recomendación de prácticas homosexuales".

En otro apartado de sus alegatos, el abogado del Estado sostiene en que las anteriores instancias judiciales no se debatió la posible colisión entre la libertad ideológica de los padres objetores y la de su hija alumna. La libertad de creencias asiste a los menores en su derecho a no compartir las convicciones de los padres o a no sufrir sus actos de proselitismo. Pero solo consta la objeción del padre, no la de la menor, que no fue consultada, por lo que "no sabemos a ciencia cierta si la menor comparte o rechaza esas convicciones de los padres".

Los padres de la niña impugnaron genéricamente los tres decretos que implantaron Educación para la Ciudadanía en Primaria, ESO y Bachillerato. El abogado del Estado no les considera legitimados porque el recurso inicial se formuló cuando la niña estaba en segundo de ESO, y por tanto, no pueden pretender que se declare nulo el de educación Primaria ni tampoco el de Bachillerato.