Paralizadas las polémicas obras en la Veracruz de O Carballiño

Las obras aprobadas por la Consellería de Medio Ambiente de la época del bipartito para remodelar el entorno de la iglesia de la Veracruz de O Carballiño no pueden ejecutarse porque el Obispado de Ourense, propietario de parte del terreno, no lo ha cedido al Ayuntamiento. Ayer, el actual titular del departamento de la Xunta que ejecuta la obra, Agustín Hernández, apremió a los representantes de los tres grupos políticos de O Carballiño para que busquen un acuerdo con la Iglesia y así poder finalizar la ejecución de una reforma para la que estaba consignada una partida de más de un millón de euros para este año y de la que solo se ha invertido la mitad.

Las obras comenzaron en enero y el grupo de gobierno del Ayuntamiento de O Carballiño, que preside el socialista Carlos Montes, cedió la plaza a la Xunta con la convicción de que era de titularidad municipal. Así constaba en el inventario realizado en 1993 por una empresa privada contratada por el Gobierno local, entonces del PP.

Pero en marzo, el Obispado reclamó la titularidad de una parte del terreno afectado y se paralizó la ejecución. Paralelamente se formó una plataforma ciudadana, integrada por expertos en la obra del arquitecto original de la iglesia, Antonio Palacios, que cuestiona la reforma desde un punto de vista estético. El proyecto, aunque en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) de la iglesia, tiene el informe favorable de la Dirección Xeral de Patrimonio.

Mientras los representantes de los grupos municipales buscan la solución legal con el Obispado de Ourense, en calidad de dueño del terreno, el conselleiro ha decidido que se acondicione la plaza para permitir su uso y disfrute por los vecinos. En el encuentro de ayer con Hernández, los representantes de los tres grupos municipales le reclamaron que mantenga para 2011 una partida de 130.000 euros para poder acabar los viales iniciados.

Hernández insistió en que el Gobierno gallego quiere poner en valor el templo carballiñés, pero también en que es necesario contar con el consenso de las partes en discordia y, especialmente, con el Obispado.