PSOE y PP afrontan la última oportunidad para la renovación del Constitucional

El PSOE y el PP disponen esta semana de la última oportunidad para pactar el nombramiento de los cuatro magistrados que corresponde designar al Congreso para concluir la renovación del Tribunal Constitucional o, de lo contrario, la designación tendrá que retrasarse en principio hasta el mes de febrero.

De alcanzarse un acuerdo, -lo que parece difícil dado que el PP no renuncia a su candidato, al magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que no cumple los requisitos para acceder al cargo-, los partidos tratarían de convocar un pleno extraordinario en enero para proclamar oficialmente a los nuevos magistrados. Un pleno cuya convocatoria tampoco se presenta fácil, ya que muchos diputados se encontrarán fuera de Madrid durante las vacaciones parlamentarias y para los nombramientos se requiere que estén presentes los tres quintos de los diputados.

De no alcanzarse el acuerdo esta semana, las fuentes parlamentarias consultadas apuntaron a que, previsiblemente, se mandarán al BOE los nombramientos de los magistrados designados por el Senado Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa, propuestos por el PSOE, y Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, a instancias del PP, que fueron aprobados el pasado 1 de diciembre.

Desde entonces se ha estado intentando la renovación y se ha retenido el envío de los nombramientos al BOE en un intento de proceder a una renovación conjunta para elegir en una sola votación al nuevo presidente de la institución. Pero, tras las críticas por ese retraso, parece descartado mantener congelado otro mes la toma de posesión de los magistrados del Senado. En ese supuesto, la nueva correlación de fuerzas sería de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores.

El Pleno del Constitucional remitió esta semana un duro escrito al Congreso reprochando a los grupos parlamentarios "incumplir" la Constitución y exigió que se cumplan los plazos que la norma fundamental establece "imperativamente".