Las grandes medidas deberán concretarse antes de verano

La reforma del mercado de trabajo ha abierto la veda a una serie de cambios significativos en el mundo laboral después de años de relativa calma. Más costoso de lo que fue elaborar esa norma resultará el empeño de sacar adelante decretos que la concreten y, sobre todo, modificar en profundidad el sistema de pensiones y el de negociación colectiva. En todos los casos los plazos son ajustados y las negociaciones, complejas.

Pese a que la caja de la Seguridad Social aún conserva un modesto superávit, la tarea más urgente para el Gobierno es la reforma de las pensiones, que se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros el 28 de enero. Ese día se cumplirá un año desde la divulgación de la propuesta inicial, con el controvertido retraso de la jubilación a los 67 años.

Antes de eso, el próximo miércoles la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo votará las recomendaciones que deben servir de base al Gobierno para la reforma. Y justo en el límite de los plazos, el pleno del Congreso aprobará definitivamente el informe del Pacto de Toledo el 25 o el 26 de enero.

En medio de ese proceso, el Gobierno tiene previsto negociar con patronal y sindicatos -sobre todo con estos últimos, los más reticentes a la reforma tal como está concebida- para intentar frenar el rechazo social a la impopular idea de prolongar obligatoriamente la vida activa.

Cuando el proyecto de ley sobre pensiones llegue al Parlamento comenzará lo más difícil. Porque el Gobierno necesita el apoyo de otros grupos -previsiblemente de PNV y CiU, pero de momento no lo han garantizado- para sacarlo adelante y probablemente no esté tramitado hasta bien entrada la primavera.

El primer gran cambio

La siguiente fecha marcada en el calendario corresponde a la negociación colectiva. La reforma laboral dio a sindicatos y patronal hasta el 19 de marzo para llegar a un acuerdo bilateral, que de momento parece muy improbable. Si fracasan, el Gobierno elaborará la primera gran reforma de los convenios, hasta ahora considerados ámbito exclusivo de los agentes sociales (incluso el PP renunció a regularlos). Aunque no hay fecha para presentar las novedades, es posible que el Ejecutivo acelere los plazos por la enorme incidencia que tiene este capítulo en el funcionamiento del mercado laboral.

Entre un proceso y otro se irán concretando los reglamentos de la reforma laboral, que aclararán aspectos tan cruciales como qué debe acreditar una empresa para acogerse a los tres supuestos (pérdidas, previsión de generarlas o disminución significativa de los ingresos) que le permiten despedir con 20 días por año trabajado. También se regulará el funcionamiento de las agencias privadas de colocación. Y antes de 2012 deberá estar definido el llamado modelo austriaco de financiación del despido, que asigna a cada trabajador una especie de fondo para sufragar su eventual despido o su formación y que, en caso de no consumirse, se recupera en la jubilación.