La comisión indaga sobre la empresa del ex director de la Ertzaintza
La iniciativa abarca posibles trabajos de PCI para el Gobierno de 2001 a 2009
La comisión de investigación parlamentaria del caso De Miguel, las supuestas corrupción y espionaje por la que están imputados militantes y ex dirigentes del PNV, quiere saber si la empresa PCI obtuvo contratos del Gobierno vasco entre 2001 y 2009, los dos mandatos que completó Juan José Ibarretxe y durante los cuales su actual director, Jon Uriarte, fue alto cargo.
El interés de la comisión deriva del hecho de que esa empresa de seguridad fichó el año pasado como directivo a Jon Uriarte, uno de los llamados a comparecer ante ella en su condición de ex director de la Ertzaintza. Uriarte se incorporó a ese puesto al poco de ser relevado por el nuevo equipo que llegó a Interior con Rodolfo Ares.
Jon Uriarte pasó de dirigir la policía vasca a una firma de seguridad
La compañía desarrolló el plan de protección del Parque de Miñano
PCI Security Doctors es una empresa entre cuyo personal más cualificado se encuentran varios veteranos ex ertzainas de las primeras promociones, formadas bajo el control más estricto del PNV e integradas por hombres de su confianza política. Sita en el Parque Tecnológico de Miñano, desarrolló el plan de seguridad del mismo, entre otros trabajos para instituciones públicas.
Uriarte se incorporó a esa firma sin guardar los dos años de cuarentena que impone la ley estatal a los cargos públicos respecto de compañías con las que las instituciones para las que han trabajado hayan tenido relaciones contractuales.
La regulación vasca de las incompatibilidades de cargos y ex cargos políticos resulta más laxa que la general, por más que el PSE y el PP desde la oposición intentaran en varias ocasiones endurecerla y equipararla a lo que está establecido en el conjunto de España. Los socialistas lo propusieron en 2004 y en 2001, pero chocaron con la oposición del tripartito de Ibarretxe, pese a que se habían producido varios casos polémicos. Así, los ex consejeros Inaxio Oliveri y Javier Retegi, de Educación e Industria, respectivamente, pasaron a ser rector de Mondragon Unibertsitatea, el primero, y a incorporarse como directivo a ese mismo grupo el segundo.
Más ruido aún hizo el del viceconsejero de Energía Javier Aranburu, quien preparó la privatización de Naturcorp desde la vicepresidencia del Ente Vasco de Energía (EVE) y luego fue nombrado director general de la empresa privatizada por la eléctrica asturiana Hidrocantábrico, que se adjudicó el concurso. Tan controvertido o más fue el fichaje del ex diputado de Hacienda de Vizcaya Javier Urizarbarrena por una asesoría fiscal tras dejar su cargo.
El PSE y el PP celebraron la llegada de Uriarte al frente de la Ertzaintza en julio de 2005, tras ser director de seguridad ciudadana, sobre todo porque relevaba en el cargo a Natxo Ormaetxe, un hombre del sector soberanista del PNV que se había declarado en una entrevista en Le Monde partidario del diálogo con ETA y consideraba imposible acabar de otro modo con la banda.
Licenciado en Derecho, Uriarte fue también concejal del Ayuntamiento de Vitoria, que abandonó antes de que llegara Aitor Telleria, otro de los llamados a declarar ante la Cámara, en este caso además ya imputado tanto en el caso de supuesta corrupción en el Parque Tecnológico de Miñano como en la pieza separada, aún bajo secreto del sumario, que investiga el presunto espionaje. Tellería sería el dirigente del PNV al que reportaban los ertzainas que realizaron la información sobre personalidades políticas y empresariales alavesas hallada en fichas en su ordenador.
Después de dejar el Ayuntamiento de Vitoria, Uriarte pasó al área de Función Pública del Gobierno, de la que llegó a ser director. Su incorporación a la Ertzaintza se produjo por el área de Recursos Humanos, de la que saltó a la dirección de Seguridad Ciudadana y después al máximo cargo al frente de la policía vasca.
Las otras peticiones de información
Entre las otras peticiones de documentación que la comisión parlamentaria del
caso De Miguel
ha remitido al Gobierno, figuran las siguientes: por un lado, todos "los informes y documentación elaborados por el Gobierno en la investigación de la presunta trama de espionaje que no esté sometida al secreto de sumario judicial" o los que, estándolo ahora, queden liberados de ese condicionamiento, en el mismo momento en que el juzgado instrucro así lo determine. En la medida en que el juez ha vuelto a prorrogar por un mes el secreto del sumario sobre esta parte de la investigación global que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, es bastante probable que la comisión tenga que esperar todavía a poder contar con esos papeles.
La comisión ha reclamado igualmente "todos los informes internos redactados en el Departamento de Interior sobre las denuncias de espionaje que hayan sido remitidos al juzgado". En esta segunda petición no figura ninguna referencia al secreto de sumario, que en realidad pesa sobre toda la pieza separada que constituye el
caso Telleria
por el supuesto espionaje.
Una tercera solicitud para esta parte de la investigación abarca a la información relativa a "las funciones de la Unidad de Investigación de la Eztzaintza" -en referencia, se supone, a la antiguamente denominada Unidad de Investigación y Análisis de la policía vasca, así como sobre "la cadena de mando, los sistemas de control y la forma de funcionamiento" de la misma y "sus posibilidades de acceso a sumarios o información en general".
La otra cuestión relacionada con ese aspecto de la investigación se refiere a los posibles contratos cerrados entre el Gobierno anterior y la empresa que empleó a su ex alto cargo tras la llegada del nuevo equipo de Interior.
El supuesto espionaje es, de los cuatro apartados en los que la comisión ha dividido su trabajo, el que menos solicitudes de información ha generado. De hecho, se limitan a las cuatro citadas, mientras que para los otros tres apartados de la investigación -los contratos de la consejería de Cultura en la pasada legislatura, la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano y la recalificación de terrenos en Zambrana y Santurtzi- hay varias decenas.
La comisión le ha reclamado solo al Ejecutivo un total de 38 paquetes de documentos, tanto sobre las empresas supuestamente beneficiadas por Cultura -Kataia, Errexal y Ortzi Muga- como sobre la gestión de compra de suelo para ampliar el parque de Miñano y las operaciones de compraventa de terrenos en Santurtzi y Zambrana. A las Diputaciones de Álava y Vizcaya se les pide, entre otras cuestiones, datos tributarios de ingresos y pagos a terceros de las empresas relacionadas con unos y otros casos y a la Tesorería de la Seguridad Social, los listados de sus plantillas.
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