Julián Muñoz asume la firma de unos 600 convenios

En el Ayuntamiento, en el Club Financiero, en notarías o en el capó de los coches. El ex alcalde de Marbella (Málaga), Julián Muñoz, reconoció ayer al tribunal encargado de enjuiciar el caso Malaya que firmaba "en prácticamente todos los sitios" los convenios que los gobiernos gilistas le ponían por delante. "Calculo que habré firmado entre el 90% y el 95% de los 600 ó 700 convenios que el señor Roca estimó que se habían redactado durante el gilismo", dijo. Eso sí, quiso dejar muy claro que, ni los escribió, ni los modificó, ni nada de nada. "Yo me limitaba a cumplir las órdenes del señor Jesús Gil y Gil, y siempre daba por supuesto que todo era completamente legal", añadió.

Entre este mar de convenios, Muñoz tuvo que comprobar que también estampó su firma en el acuerdo que afectaba a la operación Crucero Banús, firmado el 16 de octubre de 2001, y que el tribunal está estudiando para ver si Roca influyó en su redacción y se lucró gracias a su posición en la oficina de planeamiento urbanístico marbellí. "Sí, es mi firma", mantuvo.

En este acuerdo tenían intereses directos el ex teniente de alcalde Pedro Román, propietario del 62% de la parcela afectada; el ex comisario Florencio San Agapito y Juan Antonio Roca, que tenían un 15% cada uno; y el abogado Juan Hoffman, con un 7,5%.

Siguiendo la línea marcada por el supuesto cerebro de la trama corrupta, Julián Muñoz defendió ayer que Roca "tenía que ver muy poco en Urbanismo, más bien nada". También declaró que ninguno de los socios le presionó para que lo rubricara, y que en Marbella "no se daba un paso, sin que Gil tuviera conocimiento y diera su autorización".

Muñoz no pudo precisar si en 2001 había algún procedimiento urbanístico abierto que le hubiera hecho replantearse firmar sin cuestionarse el contenido. "Ya lo he sufrido en mis carnes, me he comido tres años de prisión", contestó. Por esta causa se enfrenta a una petición fiscal de diez años.

Después de que Muñoz respondiera a las preguntas, el tribunal dio por terminada la ronda de declaraciones de los procesados en este primer bloque de la macrocausa del caso Malaya y suspendió la sesión hasta el próximo 10 de enero, día en el que las partes comenzarán a exponer las pruebas.