Vizcaya acusa al Ejecutivo de "mercadear con la dignidad" de los solicitantes

La Diputación vizcaína mantiene sus fuertes reproches a la decisión del Gobierno sobre la Renta de Garantía de Ingresos y ayer alertó de las aglomeraciones que se empiezan a registrar ante las oficinas forales, en que se tramitan las ayudas, y los casos de "tensión" que se están produciendo entre solicitantes y empleados.

"Estos días estamos poniendo cara y ojos" a los afectados por el recorte de la renta básica, sostuvo el portavoz foral, Juan María Aburto, al término de la reunión semanal del Consejo de Diputados. "Se han dado situaciones de mujeres con tres hijos que dicen que es el único sustento que tienen, que no se los pueden quitar", aseguró, antes de insistir en que la medida debiera haberse retrasado. El también diputado de Acción Social, quien gestiona esta materia en Vizcaya, consideró que el anuncio del Gobierno de inspeccionar más de 88.000 expedientes de la Renta de Garantía "es algo que vende hoy en día", pero advirtió de que "con la dignidad de las personas no se puede establecer ningún tipo de mercado".

Calificó, además, de "injusto" que los inscritos en el antiguo Inem que son llamados a cursos de formación desaparecen "en ese momento de la lista" de demandantes de empleo, con lo que, al haberse establecido este requisito para acceder a la citada ayuda, "es muy probable que se esté eliminando a personas que no solamente cumplían con la obligación de estar inscritos en el sistema, sino que además cumplían con la obligación de atender una demanda de formación".

Aburto alertó de que ello supone una discriminación, pues afectará a los vizcaínos y no a los inmigrantes sin permiso de residencia que no pueden inscribirse en los servicios de empleo, "porque son personas alegales y lo único que pueden hacer es empadronarse, lo que les da acceso a la Renta de Garantía".

El portavoz foral criticó además que el Gobierno no ha aportado el dinero correspondiente a las ayudas de noviembre, cifrado en 17 millones de euros, y que han sido asumidos por la Diputación. "Es grave y espero que no se prolongue", sostuvo, aunque mostró su temor a que se repita la situación de Álava, cuya institución foral, sostuvo, lleva dos meses sin recibir el dinero.