El Congreso noquea la 'ley Sinde'

La ley Sinde queda en el aire. Su paso por el Congreso estuvo ayer lleno de suspense, de mercadeo de votos, de sucesión de pactos, de traiciones... Tras un espectáculo rocambolesco, el Gobierno perdía su batalla por sacar adelante la polémica ley que prevé el cierre de webs que permitan las descargas sin permiso de archivos protegidos por derechos de autor como películas o música. Tras fracasar con el PNV, su aliado natural, y pinchar con CiU, el Ejecutivo no se resignó. Y lo intentó incluso con el PP, que le tendió una oferta envenenada: aprobar una enmienda de los populares que añadía más garantías judiciales al proceso. Tampoco fue posible, y el PSOE dejó caer la ley Sinde.

El Grupo Socialista se quedó solo. La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso tumbó la famosa disposición final segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que contiene la ley antidescargas, con los votos de todos los grupos, a excepción del PSOE: 20 contra 18. El resto de la LES, la que estaba llamada a ser la ley estrella de José Luis Rodríguez Zapatero y finalmente quedó arrollada por la contumaz realidad de la crisis, sí pasó el trámite con distintas enmiendas. De esta forma, quedó más evidente el rechazo profundo que ha provocado la disposición, y que se ha hecho patente en una revuelta en Internet.

La votación de anoche ponía fin así a 72 horas de puro sainete. En el Parlamento se sucedieron las negociaciones en un colosal embrollo que ha transmitido sensación de improvisación y de cierto trueque de intereses (se llegaron a negociar posibles concesiones fiscales a cambio de apoyos parlamentarios) en torno a una disposición que desde su mismo nacimiento hace algo más de un año estuvo rodeada de polémica.

En Internet, el incendio no era menor, con fuego desde los dos bandos. Primero, fueron los propietarios de páginas webs de enlaces y descargas, que el domingo fundieron en negro sus contenidos en señal de protesta y de paso alteraron los hábitos de consumo de miles de internautas. El lunes, los creadores les dieron la réplica y hasta siete productoras se apagaron entre advertencias de que había puestos de trabajo en juego. Y ayer, al fin, todo había quedado convertido en un enorme pandemonio digital en el que se sumaban adhesiones a uno y a otro bando y en el que crecían las amenazas. Se convocó desde diversos foros una manifestación a las puertas del Congreso con apenas participantes; el director Alex de la Iglesia respondía a las preguntas en ESKUP, la red social de EL PAÍS al quedar bloqueado su Twitter, mientras el cantante Alejandro Sanz contestaba en el mismo foro a las críticas de los internautas y acusaba a los "políticos españoles" de "cobardes e hipócritas" por no aprobar la ley Sinde debido a su impopularidad.

En el Congreso, el PSOE buscó pactar a diestro y siniestro. Pasadas las siete de la tarde, Ángeles González-Sinde aparecía con gesto demudado a las puertas de la Cámara. La norma que más ha definido su gestión por su cariz abiertamente polémico parecía tocada de muerte. Pero el rechazo del Congreso no acaba con la ley que lleva popularmente su apellido. Se mantendrá varada hasta el mes de enero, cuando el Gobierno y el Grupo Socialista, con más calma y consenso intente atraer a sus posiciones a algún grupo. Y si no lo consigue en el Senado, aún le queda el camino de vuelta al Congreso.

Antes de que la Comisión de Economía debatiera por la mañana la norma, ni el más osado diputado socialista podía augurar una negociación tan larga y complicada. Primero se había caído el PNV, un aliado fiel que apoyó los Presupuestos Generales. Y luego, fue Convergència i Unió (CiU) el que dijo no. El PSOE no ahorró esfuerzos forzando hasta tres retrasos en la votación de la ley con el fin de ganar tiempo para arrancar a toda costa un acuerdo de los catalanes. Pero estos, sabedores de la debilidad del Gobierno, estrecharon demasiado el cerco pidiendo a cambio de su apoyo cesiones en materias tan variadas como encontrar una alternativa a las cuentas de ahorro vivienda, la modernización de empresas biotecnológicas o el transporte intermodal de mercancías.

"El Gobierno se ha precipitado", decía un cariacontecido portavoz parlamentario de CiU, Josep Sánchez i Llibre, tras dar por rotas las negociaciones a media tarde. Unas conversaciones que comenzaron el lunes, y siguieron durante todo el día de ayer. El ir y venir de los responsables socialistas, como Francisco Fernández Marugán, en busca de aliados forzó al presidente de la Comisión, Antonio Gutiérrez, a retrasar la votación hasta el final del pleno. Se votó a las diez y media de la noche.

La refriega sobre la ley Sinde encendió la Comisión desde el principio. El PP, que había presentado varias enmiendas para asegurar una mayor intervención judicial en todo el proceso, quiso sostener un discurso equidistante. Apoyo a los derechos de propiedad intelectual pero rechazo absoluto al proyecto del Gobierno. Para el PP, la disposición intenta "maquillar" con un procedimiento judicial rápido, el que un órgano administrativo como la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, pueda cerrar páginas webs. "En la práctica sería posible cerrar webs sin la debida garantía judicial lo que abre la puerta a que desde el poder político se vulneren derechos fundamentales como el de la libertad de expresión", según José María Lasalle.

Marta Gastón, ponente del PSOE, utilizó la retórica como réplica. "Si protegemos más los ladrillos que las ideas, estaremos condenando a nuestros jóvenes a seguir fabricando ladrillos", decía retóricamente.

Aunque ya durante el fin de semana, coincidiendo con la revuelta digital, el PNV avanzó que no apoyaría al Gobierno, ayer en el Congreso la beligerancia empleada por los nacionalistas fue mucho más allá de lo que esperaban en los bancos socialistas, pidiendo una reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual pero al margen de la LES.

Más descarnada aún fue la postura de ERC-ICV-IU. La diputada de ICV, Nuria Buenaventura, no dudó en pedir que se retire "la ley de la patada en el módem", mientras que Joan Ridao (ERC) señaló que "responde a la presión del lobby de la industria cinematográfica estadounidense como ha revelado Wikileaks al que se ha prestado el Gobierno", aseguró. También Coalición Canaria, que se había mantenido en la ambigüedad, dijo que la norma no le parecía pertinente.