Azkarate declarará en enero ante la 'comisión De Miguel' por varios contratos

Juan José Agirrezabala, presidente de la comisión parlamentaria de investigación del caso De Miguel, las supuestas corrupción y espionaje por las que están imputados varios miembros del PNV, hizo públicos finalmente ayer los nombres de las 33 personas llamadas a comparecer ante la misma. Solo se reservó el de un funcionario del Gobierno que nunca ha tenido responsabilidades políticas y cuya identidad se salvaguarda.

Agirrezabala, único parlamentario de EA, se mostró tajante al señalar que todos ellos están obligados a comparecer, tanto por el Reglamento de la Cámara como por el artículo 502 del Código Penal. Y todos han accedido, "de un modo u otro", precisó. La comisión espera recabar una docena de declaraciones en las reuniones que celebrará en enero. Una de ellas será la de Miren Azkarate, consejera de Cultura y portavoz del último Gobierno de Juan José Ibarretxe, por la supuesta irregularidad de varios contratos de su departamento. También han sido citados su viceconsejero, Gurutz Larrañaga, y su director de Juventud, Xabier Sánchez-Robles.

Agirrezabala resalta la obligatoriedad de declarar en el Parlamento

La investigación arrancará con las adjudicaciones de Cultura

Sin grandes sorpresas, el listado incluye a todos los imputados judicialmente en la causa. Los primeros en declarar, el 3 de enero, serán el citado funcionario de Cultura, así como el militante del PNV Iñaki San Juan, a cuenta de los contratos con las empresas Errexal y Ortzi Muga, beneficiarias de adjudicaciones sospechosas de Cultura.

Las siguientes, ya el 5 de enero, serán Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, socias en la firma Kataia, que recibió igualmente encargos de Cultura. La primera es la esposa de Alfredo de Miguel, diputado foral alavés cuando saltó el escándalo en marzo paasdo, y la segunda la de Aitor Telleria, entonces miembro de la ejecutiva alavesa del PNV y mano derecha de su presidente, Iñaki Gerenabarrena. Este último acudirá en su calidad de antiguo director del CEIA, un semillero de empresas del Parque de Miñano.

De Miguel, en cuanto ex consejero del Parque Tecnológico de Miñano, y Telleria declararán también, lo mismo que el matrimonio compuesto por Koldo Otxandiano, director financiero en su momento del mismo parque, e Iratxe Gaztelu-Urrutia, socia de Bilbao y Bajo.

Relacionados de un modo y otro con Miñano han sido citados el que era presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría; Alfonso Arriola, ex director gerente de Miñano y la técnico Miren Lurdes Bilbao.

La comisión escuchará también a Ainhoa Alberdi, ex socia de Jon Iñaki Etxaburu -igualmente citado- en la empresa Urbanorma, y quien denunció a la fiscalía que De Miguel y Telleria le exigían el pago de comisiones.

También tendrán que comparecer el ex director de Sprilur Antton Zubiaurre, relacionado con otro escándalo por espionaje a altos cargos de Industria; Sergio Fernández Oleaga, de la firma STOA y Eduardo Pérez, de Eskalmelo.

Por el caso del presunto espionaje declararán el entonces director de la Ertzaintza, Jon Uriarte, cuyo hermano, agente de la unidad a la que pertenecen los dos policías imputados, accedió el día de las detenciones a las diligencias instruidad. A él se añaden Ander Santocildes, ex jefe de la Unidad de Información y Análisis de la Ertzaintza, y Carlos Lau y Jesús Acha, los dos ertzainas que supuestamente espiaban para Telleria.

En relación con la recalificación de terrenos en Zambrana acudirán la alcaldesa en el momento de firmarse los convenios, la peneuvista Justina Angulo, y el actual regidor, el independiente Aitor Abecia; la ex viceconsejera de Medio Ambiente Ana Oregi, quien se opuso a la operación, o el también peneuvista Josu Arruti, representante de la empresa Sidepur. A ellos se suman Francesc Fernández y Ramón Serra, de la catalana Riera Urbanizer; Aitor Maruri, concejal electo de Ondarroa por el PNV que se negó a ocupar su cargo; el director de Equilibrio Territorial alavés en la época, Iñaki Nafarrate; la ex directora foral de Administración Local Izaskun Martínez de Lahidalga, y Martín Balda, como representante de la firma Capiresgo.