Poner límites

La izquierda abertzale ha anunciado que los terroristas declararán un alto el fuego a principios de enero. Pero no uno cualquiera, sino "unilateral, permanente, verificable y con voluntad de definitivo". La acumulación de adjetivos no es irrelevante; constituye, por el contrario, el núcleo esencial de la estrategia con la que la izquierda abertzale espera reintegrarse en la legalidad sin romper, por otro lado, con los pistoleros. Consciente de que no podrá presentarse a las elecciones municipales sin redefinir su relación con la violencia, lleva tiempo embarcada en intentar que la banda terrorista no la ponga ante la tesitura de condenar un eventual atentado. Para eso, los pistoleros tienen que renunciar a cometerlos. Y es en la definición de esa renuncia donde la izquierda abertzale se propone avanzar para convencer a las fuerzas democráticas, por un lado, y a la justicia, por otro, de su apuesta por las vías políticas.

Lo que está en juego es cuánto durará la agonía de ETA y cuántos crímenes cometerá antes de extinguirse

La estrategia de la izquierda abertzale tiene, sin embargo, puntos débiles. Su demostrada capacidad de influencia en los pistoleros es la prueba fehaciente de que, hasta ahora, han formado con ellos una indisoluble unidad. Por tanto, resultaría difícil, cuando no imposible, que se reintegrase a la legalidad sin que la banda terrorista desista por completo. Por más que esta adjetive el alto el fuego, su sola existencia, aunque sea inactiva, compromete inevitablemente la pretensión de la izquierda abertzale de regresar a la legalidad. Mucho más si añade condiciones al Estado como la creación de una mesa de partidos que retomen los acuerdos de Loyola para negociar "la solución del conflicto". Este planteamiento parece ignorar la realidad: lo que la izquierda abertzale denomina "conflicto" deja de existir desde el momento en que la banda terrorista se abstiene de matar. Obstinarse en decir que continúa, pese a que los pistoleros callen, significa que, simplemente, podrían volver a las andadas, con lo que la legalización de la izquierda abertzale resultaría una temeridad. Sobre todo, si el silencio de la banda terrorista queda vinculado a los avatares de una mesa de partidos. En su día, fue un error que el Gobierno se comprometiera a convocarla; en estos momentos, además de un error, sería un suicidio político. También en este punto la izquierda abertzale parece ignorar la realidad: el Gobierno no está condiciones de adoptar ninguna decisión sin contar con el respaldo del Partido Popular, porque se haría responsable de la inevitable ruptura del consenso antiterrorista.

En cualquier caso, los movimientos de la izquierda abertzale colocan a las fuerzas democráticas ante una decisión trascendental. La banda terrorista no tiene futuro, pero lo que está en juego es cuánto tiempo durará su agonía y cuántos crímenes podrían cometer antes de extinguirse. No serían, sin embargo, crímenes que la reforzaran, como los pistoleros han venido creyendo hasta ahora. Después de estos meses de silencio, el regreso de la violencia sólo se traduciría en un mayor aislamiento social de los asesinos y en una posposición indefinida de los intentos de la izquierda abertzale por reintegrarse en la legalidad. Este horizonte es otro de los puntos débiles de la estrategia que encabeza Otegui y, de manera simétrica, otra de las bazas con las que cuentan las fuerzas democráticas ante una posible declaración de alto el fuego. Aunque la proximidad de las elecciones municipales no favorece el consenso, es de esperar que, en esta ocasión, las fuerzas democráticas estén a la altura de sus responsabilidades. La decisión que el Gobierno adopte frente a la estrategia de la izquierda abertzale debería contar con el apoyo de la oposición, que, a su vez, debería participar de ella. Si se acierta, será un acierto de todos, lo mismo que sería de todos el error. Y hasta el momento en que haya que adoptar la decisión, lo mejor sería que las fuerzas democráticas se mantuvieran como hasta ahora: evitando especular sobre los pasos a seguir e impidiendo que el clima preelectoral alcance a lucha antiterrorista.

Por más adjetivos que la banda añada al alto el fuego que, según parece, se propone declarar, la situación no cambia: la izquierda abertzale forma parte de su entramado y, por tanto, mientras la banda exista, resultaría temerario apoyar que se reintegre a la legalidad. Si, además, sigue soñando con la convocatoria de una mesa de partidos, los indicios de que en ese mundo se pretenden obtener réditos políticos del final de la violencia se convertirían en un dato fehaciente. Sea cual se la evolución de los acontecimientos hasta que la banda anuncie sus nuevas intenciones, convendría que la izquierda abertzale tuviera meridianamente claro cuáles son los límites que las fuerzas democráticas ponen a su estrategia.