El PNV deplora que no se cite a declarar a personal del juzgado
Quiere que la Cámara valore las filtraciones del sumario
El PNV está descontento desde el inicio de los primeros pasos que está dando la comisión de investigación sobre supuesta corrupción y espionaje político en beneficio de miembros de ese partido. La incomodidad de ese partido procede principalmente de la negativa del resto de los grupos de la Cámara a respaldar un buen número de las peticiones de comparecencia que realizaron sus representantes en la comisión, María Eugenia Arrizabalaga y Nerea Antía.
El criterio de que fueran al menos dos los grupos proponentes para dar por buenas las solicitudes redundó en perjuicio de los peneuvistas, porque ningún otro le prestó su apoyo. El PNV deplora que se esté viendo obligado a transigir con esa situación, que supone verse tratado a la altura de Aralar o del Grupo Mixto, cuando multiplica por diez la representación de estos grupos en la Cámara y el suyo, el primero, suma por sí solo 30 parlamentarios.
Tampoco logró citar a Carmelo Barrio, concejal en Zambrana en 2007
Entre las comparecencias que el PNV trató de incluir sin éxito, al no respaldarlas ni siquiera uno de los grupos más pequeños, están, además de las de los actuales consejeros de Cultura, Interior e Industria, las de varios periodistas que informaron sobre aspectos de la investigación judicial de los casos De Miguel y Telleria y las de varias personas que prestan sus servicios en distintos cometidos en el Palacio de Justicia de Vitoria. Los periodistas ya declararon ante una juez tras sendas denuncias de las defensas del peneuvista Aitor Telleria y de los ertzainas Carlos Lau y Jesús Acha que supuestamente espiaron para él, pero el PNV considera que una declaración ante la comisión parlamentaria podría también arrojar luz sobre los intereses supuestamente existentes tras la filtración de datos del sumario bajo secreto.
Otra de las comparecencias que tampoco pasó la criba fue la que tendría que llevar a cabo el propio vicepresidente de la comisión investigadora, Carmelo Barrio (PP). En este caso, el PNV cree que su declaración puede ser relevante porque ocupó entre 2003 y 2007 el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Zambrana, desde el que supuestamente se llevaron a cabo gestiones que están bajo sospecha para recalificar terrenos. El interesado no confirmó ni desmintió si su nombre consta entre las citaciones pedidas por el PNV, acogiéndose al compromiso de silencio que los grupos han sellado sobre el trabajo de la comisión, y por el que decidieron que solo el presidente de esta, Juan José Agirrezabala, está facultado para informar sobre ella.
Barrio se limitó a admitir que sí fue concejal y a recordar que el PP estuvo siempre en la oposición en el municipio, mientras el gobierno de la localidad recaía sobre el PNV, partido al que pertenecía la alcaldesa en la época, Justi Angulo, esposa del miembro de la ejecutiva de Iñaki Gerenabarrena, Miguel Ángel Redondo.
A juicio del PNV, Barrio tuvo que ser en dicha época conocedor de las gestiones que la alcaldesa desarrolló puesto que todos los trámites que llevó a cabo tuvieron que pasar indefectiblemente por el pleno municipal. Las fuentes consultadas resaltan cómo es posible que como concejal del municipio no observara entonces ninguna irregularidad y ahora haya sido el más activo impulsor de la investigación parlamentaria.
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