El PSPV reta a Camps a liderar el cambio del Estatut si quiere su apoyo

Los socialistas emplazaron ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a "dar la batalla" por la nueva modificación del Estatut d'Autonomia que ya fue reformado en 2006 si quiere contar con su apoyo. El Consell ha elaborado un anteproyecto de ley para copiar la fórmula andaluza que garantiza las inversiones estatales en relación con el peso de la población durante siete años, un tipo de fórmula que el PP consideró inconstitucional y se negó a admitir entonces en la máxima norma valenciana. "Que salga y explique a los ciudadanos que quiere modificar el Estatut y que está dispuesto a ir hasta el final", reclamó el portavoz parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna.

Morera reclama la deuda histórica y Sanz, la rebaja de la barrera electoral

El bajo perfil institucional que los populares han dado a los contactos para una iniciativa política que exige una mayoría cualificada de dos tercios en la Cámara autonómica, que debe ser defendida posteriormente ante las Cortes Generales y votada en referéndum, revela, según fuentes del PSPV-PSOE, que la maniobra solo persigue enarbolar un nuevo argumento para atacar a la oposición y al Gobierno central; en ningún caso sacar adelante una reforma que exige un consenso político mayoritario. Por eso, Luna estuvo ausente ayer de una reunión convocada de manera un tanto confusa por el consejero de Gobernación, Serafín Castellano. Según el portavoz socialista, el consejero no le confirmó la reunión, a la que sí asistieron los portavoces del PP, Rafael Blasco; de Compromís, Enric Morera, y de Esquerra Unida, Marga Sanz. Castellano dijo haber seguido todos los requisitos para convocar la reunión, aunque se puso en contacto con Luna ante el "malentendido" y posteriormente ambos se citaron para reunirse mañana.

Castellano defendió lo que Blasco describiría a su vez como una "modificación puntual" del Estatut para que no haya discriminaciones y la Comunidad Valenciana cuente con las inversiones necesarias "para garantizar su futuro". "No podemos permitir que el Estado no invierta en nuestro territorio lo que está invirtiendo en Cataluña y Andalucía", añadió, en alusión a los efectos presupuestarios de las cláusulas estatutarias que el Tribunal Constitucional ha considerado legales pese a los recursos en contra del PP.

"Queremos el máximo consenso", dijo Serafín Castellano tras reunirse con los portavoces parlamentarios. El socialista Ángel Luna, que no asistió a la reunión, se mostró, tras la Junta de Portavoces de las Cortes, dispuesto a negociar la modificación del Estatut "solo si se plantea en serio", pero advirtió: "No estamos dispuestos a asistir a juegos de manos y chapuzas".

Luna recordó que Camps no hizo mención alguna de la reforma del Estatut en el debate de política general, que el vicepresidente económico lanzó el 28 de septiembre la propuesta y el pleno del Consell no la aprobó hasta el 3 de diciembre. "Saben perfectamente que no da tiempo a aprobarla", indicó el portavoz socialista, que apuntó que el anteproyecto aún no cuenta con los informes preceptivos del Comité Económico y Social y el Consell Jurídic Consultiu.

La nula implicación del presidente de la Generalitat en la propuesta acentúa la duda de que vaya en serio. En las filas de la oposición se sospecha que Camps ha garantizado a Rajoy que la reforma no pasará del debate político local. Cosa que ayer desmintió el portavoz parlamentario popular, Rafael Blasco, al afirmar que la dirección nacional del PP "respaldará cualquier decisión que el PP y el Gobierno de la Generalitat asuman". Blasco justificó en ciertas "suspicacias" sobre la constitucionalidad de este tipo de cláusulas el hecho de que el Estatut d'Autonomia no incluyera en la reforma de 2006 una disposición para territorializar las inversiones del Estado como otros textos estatutarios. Luna recordó que el blindaje de inversiones fue propuesto entonces por los socialistas y rechazado por el PP y aseguró que su grupo está de acuerdo con reivindicar una financiación per cápita en la media española y con "recuperar lo que no se ha invertido", pero advirtió que limitarse a copiar la disposición del Estatuto andaluz puede llevar a "hacer el ridículo ante el resto de España". ¿Por qué ha de durar siete años? ¿Por qué se ha de comparar a la población y no al PIB? El diputado socialista señaló que una reforma del Estatut ha de estar basada en estudios y debates más serios.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, dijo que la propuesta "certifica el fracaso de la reforma del Estatut pactada en 2006 por el PP y el PSOE" y propuso ir más allá de la territorialización de inversiones e incluir la reparación de la deuda histórica del Estado por las transferencias a la Generalitat, que cifró en 3.400 millones de euros. La portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, dijo que no se conforma "con una reforma tan limitada" y planteó la rebaja de la barrera electoral para acceder a las Cortes y la implantación del salario social. Sanz puso en duda que el PP quiera aprobar la modificación. "Nos tememos que todo sea un paripé para desviar la atención".