El testaferro Hoffmann se desvincula de Roca en el juicio del 'caso Malaya'

El procesado Juan Germán Hoffmann, abogado de profesión, abrió ayer el juicio del caso Malaya contra la corrupción en Marbella, cuya primera jornada se convirtió en un auténtico máster de derecho societario transnacional.

La vista oral, con 95 imputados y que durará aproximadamente un año, se ha dividido en varios bloques para hacerlo más manejable. Ayer se inició el análisis de la llamada Operación Crucero Banús, la recalificación de un terreno que, en apenas un año, reportó 6,3 millones de euros de beneficios a los cuatro socios que participaron en ella: el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, el ex edil gilista y promotor Pedro Román, el ex comisario de policía Florencio San Agapito y Hoffmann.

El letrado marbellí reconoció todos los detalles societarios de la operación

A preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero, el letrado reconoció todos los detalles urbanísticos y societarios del pelotazo de Crucero Banús. Sin embargo, tuvo buen cuidado de desvincularse de la figura de Roca, de quien dijo que antes de la operación solo conocía "de hola y adiós".

Hoffmann reconoció que los cuatro socios participaron conjuntamente en la mercantil Lispag AG, domiciliada en Suiza y a cuyo frente situaron a un testaferro, Bruno Baumann. En octubre de 2001, Lispag AG adquirió todas las acciones de Yambali 2000 SL, sociedad española propietaria de la parcela donde se asentaba el centro comercial Cristamar.

Hoffmann admitió que la compra por los cuatro socios se realizó por cuatro millones de dólares, aunque en la escritura consignaron solamente 841.416 euros. El mismo día que los cuatro socios adquieren la parcela, el Ayuntamiento suscribe un convenio urbanístico con Yambali por el que la parcela pasaba a tener uso residencial y su edificabilidad se multiplicaba por 21. Además, los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden al Ayuntamiento se reducen en un 56%, con un perjuicio para las arcas municipales de casi cinco millones de euros.

El 25 de septiembre de 2002, la Junta de Gobierno Local ratifica el convenio, y apenas ocho días después, los socios venden la parcela por 10,4 millones de euros al promotor José Ávila Rojas. Además, los impuestos por la transmisión quedaron a cargo del comprador.

El beneficio económico, unos 6,3 millones, se derivó desde Suiza a las cuentas de cada uno de los socios de Lispag en sendas fundaciones opacas en Liechtenstein. Finalmente, la licencia de obra, ajustada al plan general urbanístico de 1998, elaborado por el GIL y que nunca tuvo validez, fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En la actualidad, en los terrenos apenas quedan los cimientos del inmueble ilegal de 144 viviendas.

Hoffmann admitió los términos generales del pelotazo urbanístico, pero negó que la sociedad se aprovechara de la posición de poder de Roca en el Ayuntamiento para lograr la recalificación. Según su testimonio ante el fiscal, su papel consistió en montar la estructura societaria, mientras que el de Pedro Román fue básicamente buscar los medios financieros para comprar la parcela.

El abogado hispano-alemán indicó que el anterior propietario de la finca había negociado previamente el convenio con el Ayuntamiento. Y negó que tuviera conocimiento de supuestas actividades delictivas de Roca y Pedro Román, ya que cuando se celebró la compra de la parcela, en 2001, estos "todavía no habían sido imputados".