El ex edil Román se desentiende del convenio que le hizo millonario

Ni sabe cuánto dinero ganó, ni en manos de quién puso la sociedad, ni quién llevo a cabo la negociación. El ex edil gilista de Marbella (Málaga) Pedro Román ha manifestado, incluso con énfasis, que venía al juicio del caso Malaya "dispuesto a colaborar con el fiscal". Sin embargo, esta colaboración se ha visto muy mermada por su mala memoria. Román fue supuestamente el principal beneficiario del pelotazo de Crucero Banús, la recalificación de un centro comercial, que en virtud de un convenio urbanístico se convirtió en suelo residencial y multiplicó su edificabilidad por 21. Tras la venta, el ex edil y promotor inmobiliario obtuvo unos beneficios de 6,45 millones. El fiscal acusa a Román de concertarse con el ex asesor urbanístico marbellí y supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, también socio en la operación, para lograr la recalificación.

El ex edil afirmó que su labor consistió básicamente en "formar el grupo inversor" y que para ello se puso en manos del abogado Juan Germán Hoffmann, que llevó a cabo todo el armazón jurídico de la operación, a través de una sociedad en Suiza. "Desde que dejé el GIL en 1998 soy un proscrito de los bancos españoles y sólo podía actuar con cuentas en Suiza", afirmó. En 2001, Román tenía intención de adquirir la parcela. Para ello acudió al entonces alcalde Jesús Gil, que le derivó a Roca, para que le informara de las condiciones urbanísticas de la finca. "Roca me dijo que el alcalde ya le había llamado y que había un convenio anterior negociado. También recuerdo que me comentó: "Me ha dicho el alcalde que son 240 millones de pesetas lo que tenéis que pagar al Ayuntamiento, si os interesa bien, si no, fuera". Según Román, el convenio anterior suponía el pago de 60 millones al Ayuntamiento. Al final, las arcas municipales ingresaron solo 40 millones. Según Román, al terminar la reunión le comentó a Roca si conocía a "alguna sociedad" dispuesta a poner el 15% de la inversión para comprar la parcela. "Roca me dijo: me lo apunto, y al cabo de unos días me llamó diciéndome que tenía esa sociedad".

El inversor resultó ser el propio Roca. El cerebro de la trama entró, pues, en el negocio cuando ya se conocían las rentables condiciones urbanísticas de la finca. Pese a ser el principal inversor, Román dejó todos los detalles societarios y jurídicos en manos del abogado Hoffmann, que declaró en la sesión del lunes. Y, según se desprende de su testimonio, se desentendió de un asunto en el que arriesgaba 3,5 millones de euros, pero en el que iba a doblar la inversión. La mercantil suiza que constituyeron los socios -entre los que se encontraba también el comisario de policía Florencio San Agapito, compañero de escuela de Pedro Román- quedó en manos de testaferros. "No me preocupé mucho de cómo se constituyó la sociedad que compró los terrenos. No sé quién la constituyó. No tuve que ver en la designación de los titulares (testaferros)", ha asegurado. Una cosa sí quiso dejar clara Pedro Román: "Nunca jamás pusimos el dinero del señor Roca".