El fraude fiscal en Vizcaya suma 281 millones, un 35% más que en 2009

El fraude fiscal aflorado en Vizcaya recupera los datos de 2007 y 2008. En los diez primeros meses de este año, se han destapado más de 281 millones, de los que 71,9 millones correspondientes a diez casos, han sido remitidos a la Fiscalía por un presunto delito fiscal (cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros). Entre ellos, destacan los 44,5 millones correspondientes al grupo Afer por el impago del IVA en una venta de suelo en Barakaldo. El pasado año, se descubrieron 208 millones.

Los datos aportados ayer por el diputado vizcaíno de Hacienda, José María Iruarrizaga, desvelan el fraude en profesines como abogados, procuradores, administradores de fincas y médicos, en los que han aflorado 1,1 millones (entre la deuda y las sanciones) de 27 contribuyentes. También destacan los más de cinco millones de empresas, tras no coincidir lo declarado con la información suministrada por proveedores o clientes, o los 3,6 millones procedentes de 52 contribuyentes con ganancias patrimoniales no justificadas.

La Fiscalía investiga diez casos con una deuda de casi 72 millones

Iruarrizaga dio ayer los datos ante las Juntas Generales, en la información más extensa sobre el fraude fiscal aportada hasta ahora por la Diputación. La institución foral vizcaína fue la primera administración vasca que difundió públicamente, en 1999, datos sobre presuntos delitos fiscales. En los últimos años se ofrecía cada vez una información más completa, aunque nunca como la de ayer. Ello se explicaría por el reforzamiento de la lucha contra el fraude, que le llevó a crear hace año y medio una comisión específica y a extender el cruce de información con las otras haciendas forales y la estatal así como con los notarios o la Seguridad Social.

Las nuevas fuentes de información han llevado, según expuso ayer el diputado foral de Hacienda, a investigar a 5.800 abogados y 370 procuradores, los alquileres de viviendas no declarados y 251 empresas de materiales de recuperación (desde fabricantes de componentes de automoción a carpinterías metálicas). En este último sector se ha descubierto una bolsa de casi cuatro millones. La Hacienda vizcaína ha controlado igualmente los negocios inmobiliarios, especialmente la venta de inmuebles por contribuyentes de fuera del territorio, los alquileres no sujetos a retención o transmisiones de propiedades "con ocultación parcial de la contraprestación", en los que han aflorado casi tres millones de euros correspondientes a 57 contribuyentes.

En toda la bolsa de fraude hasta noviembre, correspondientes a más de 700.000 actuaciones, se incluyen todos los casos considerados por la Hacienda como irregulares, incluidos los recurridos por los afectados. En Vizcaya, además de un primer recuso ante la Hacienda, se puede alegar luego ante el Tribunal Económico-Administrativo, que tramita al año un millar de expedientes, la mayoría denegados, según los datos de la Diputación.

Iruarrizaga reveló que los embargos, la medida final para cobrar a los deudores, ascendieron a 32.565, que supusieron unos ingresos de 22,1 millones para las arcas forales. Vizcaya ha indagado en los concursos de acreedores, donde se detectan vaciados de patrimonio para luego montar otras empresas, con casi 800.000 euros de cuatro contribuyentes.