El Gobierno controlará más a las nucleares con cambios en su propiedad

Paso importante para controlar más una actividad delicada como es la generación de energía en instalaciones nucleares. El Gobierno está a punto de sacar adelante un cambio de modelo en la titularidad de las seis centrales nucleares españolas (Almaraz, Ascó, Cofrentes, Santa María de Garoña, Trillo y Vandellós). El cambio es relevante porque afecta al 8% de la potencia eléctrica instalada y al 19% de la cobertura de la demanda. Se trata de evitar que se repitan situaciones como la registrada en 2007, cuando una fuga en la central de Ascó (Ribera D'Ebre) provocó cierta controversia a la hora de concretar la responsabilidad de cada uno de sus propietarios, Iberdrola y Endesa. Para evitarlo, una enmienda del PSOE a la Ley de Responsabilidad Civil Nuclear establece que los titulares de la autorización de la explotación de las centrales nucleares serán únicos y estarán obligados a gestionar la instalación a través de una sociedad específica.

Los cambios crean dos polos en torno a las eléctricas Endesa e Iberdrola

Las empresas dispondrán de un año para adaptarse a la normativa

El borrador de la enmienda que, según está previsto, se presentará durante el trámite de la ley en el Senado, contempla que "el titular de la autorización de explotación de una central nuclear debe ser una única persona jurídica", de forma que "el régimen de responsabilidades técnicas, económicas y legales en la explotación de la central esté claramente definido, sea indelegable, prime en él la seguridad sobre cualquier otra consideración y favorezca la existencia de una interlocución fluida directa entre el organismo regulador y el titular".

Sobre todo, se trata de eliminar los espacios de sombra. Los titulares (la sociedad que se tendrá que crear en cada caso), especifica la enmienda, deberán tener "como objeto social único la gestión de estas instalaciones", de manera que cuenten "con los medios materiales, económico-financieros y personales para garantizar la explotación segura de las mismas". El requerimiento, que podría parecer obvio tratándose de una actividad tan sensible, se acompaña de una exigencia importante a la hora de evitar disgustos y evadir posibles responsabilidades: el titular de cada explotación deberá llevar "una contabilidad separa de los ingresos y gastos imputables a cada central". También deberán informar sobre las inversiones y recursos humanos disponibles, así como las previsiones futuras para ambas cosas, empleados e inversión. Cada tres meses, la sociedad propietaria de la central deberá detallar al Consejo de Seguridad Nuclear qué inversión realizó en el año anterior y cuáles son sus previsiones para los cinco años siguientes. Y para evitar malentendidos se añade que si una persona jurídica detenta la autorización para explotar varias plantas "deberá llevar en su contabilidad cuentas separadas para cada central nuclear de la que sea titular, diferenciando entre los ingresos y los costes imputables a cada una de ellas". Las eléctricas tendrán un año para adaptarse a las nuevas condiciones y cuatro meses para enviar a Industria un "plan de adaptación".

En la práctica, los cambios que pretende introducir el Gobierno para dejar las cosas claras en el sector nuclear crean dos polos societarios: uno en torno a Endesa y otro en torno a Iberdrola. Este hecho puede originar ciertas tensiones de las grandes empresas con otras compañías como Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico, que tienen participaciones minoritarias en Almaraz y Trillo (ver gráfico).

Hasta ahora, al margen de participaciones, las decisiones se adoptaban de forma mancomunada. Pero ahora, con la obligación de crear sociedades específicas, separar cuentas y prever tanto inversiones como empleo, los más fuertes pueden hacer valer sus porcentajes para sacar adelante sus planes. En el sector energético, aunque muchos intereses son comunes, las fricciones entre empresas no son excepcionales. Los cambios en el modelo de propiedad nuclear alteran el sistema tradicional de convivencia, lo que puede generar más de un roce.

Para las compañías, en el frente nuclear, la prioridad es frenar la idea de imponer una tasa a tecnologías (nuclear e hidráulica) que, según algunos expertos, están más que amortizadas. La patronal eléctrica Unesa defiende que las nucleares, en las que se invierte cada año entre 195 millones (2005) y 356 millones (2009), no están amortizadas hasta el momento de su baja operativa.