¿Tienen bula los curas?

De las muchas sorpresas que ha deparado Cajasur, la caja de ahorros arruinada por un puñado de curas, la última es una de las más sorprendentes. El candidato del PP a la alcaldía de Córdoba culpa al Banco de España, y de rebote a la Junta, de "incapacidad e indolencia" y de haber dejado que la entidad se "despeñara durante cinco años".

José Antonio Nieto olvida que el Banco de España le ha abierto expediente en dos ocasiones como miembro del Consejo de Administración de Cajasur. Olvida también la historia errática de la caja en la última década. Además de sacar a la entidad cordobesa de la autoridad financiera andaluza y ponerla bajo la tutela del Ministerio de Economía en 2002, entonces en manos del PP, diversos ejecutivos, asesores y consejeros de ese partido avalaron su desastrosa gestión.

En febrero de 2003, la entonces consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por falsedad documental y apropiación indebida de 10,3 millones, que se gastaron en actividades tan alejadas del negocio bancario como pagar dietas a los consejeros por ir a un concierto o a la coronación de la Virgen de la Fuensanta. La denuncia fue archivada por un nuevo fiscal nombrado por el Gobierno de Aznar.

Ese fue el momento clave en el proceso de deterioro de la entidad cordobesa. Una inspección del Banco de España realizada en 2004 y desvelada en su día por este periódico descubrió graves irregularidades, entre otras la concesión de importantes créditos a empresas de "nula solvencia" (51 millones de euros a Sermansur). El Banco de España calificó "de alto riesgo" la situación de la caja.

El cura Miguel Castillejo, que la había dirigido con mano de hierro durante casi tres décadas, fue destituido. Eso sí, se le premió con una póliza de jubilación de 2,9 millones de euros que, milagrosamente, aumentó poco antes de su marcha hasta los 4,3 millones. Hubo sanciones del Banco de España, entre otros al candidato Nieto.

Los dos canónigos que sucedieron a Castillejo, Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra, hicieron poco caso a las recomendaciones del Banco de España. Tan poco que, cinco años después, la caja ha desaparecido.

El año pasado la entidad tuvo 596 millones de perdidas. Este año, sumó otros 852 y más de 1.800 en créditos morosos y fallidos. Un nuevo expediente del Banco de España detectó que las cuentas habían sido maquilladas, y que a lo largo de los años se mantuvo un elevado riesgo en el sector inmobiliario, se realizaron continuas operaciones especulativas, y hubo falta de eficacia en la gestión y falta de controles internos.

El Banco de España recomendó una fusión con Unicaja. Pero, una vez más, la tozudez de los curas y los intereses del PP frustraron la operación. El resto ya es sabido: la caja terminó en manos de la vasca BBK. El cabildo de Córdoba recibirá 0,67 céntimos de euro en compensación por su parte en la arruinada entidad cordobesa.

Estos días, la Audiencia Nacional ha abierto una causa contra el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), la única entidad financiera con Cajasur que, hasta ahora, ha sido intervenida por el Banco de España. A Moltó, previamente expedientado y sancionado por el Banco de España, el juez le acusa de administración desleal, falsedad contable y falsedad en documento mercantil.

En Cajasur, al igual que en CCM, no bastan con expedientes y sanciones administrativas. Es preciso que se abran vías judiciales que delimiten las responsabilidades, si las hubiera, de los principales responsables de la caja. Porque, en un Estado de derecho, nadie tiene bula. Ni siquiera media docena de curas y un puñado de acólitos del PP.