Israel se incendia

Israel acaba de padecer la mayor catástrofe natural de sus 62 años de historia. El incendio que ha arrasado miles de hectáreas en el monte Carmelo, calcinado cinco millones de árboles, arruinado decenas de viviendas y matado a 42 miembros del servicio de prisiones y policías ha causado conmoción en Israel.

No tanto porque el Gobierno fuera incapaz de combatir el fuego sin la ayuda de varios países -incluso la Autoridad Palestina envió camiones de bomberos-, algo que puede sucederle a cualquier Estado desarrollado, sino porque el desastre

ha revelado las graves carencias en los servicios sociales de un país que se vanagloria de sus tecnologías punta. Los bomberos no disponían siquiera de los productos químicos que ayudan a frenar la expansión de las llamas.

Y no puede alegar el Gobierno de Benjamín Netanyahu que no estaba avisado. El Controlador del Estado -organismo que supervisa la actuación de todas las agencias oficiales- venía advirtiendo hace tiempo del lamentable estado de algunos servicios públicos: entre ellos, el de bomberos. Se plantea ahora la creación de una comisión de investigación estatal que Netanyahu se inclina por rechazar.

Aunque hace años que las alarmas se dispararon, el juego de las culpas se ha desatado al calor del fuego. La mayoría responsabiliza al ultraortodoxo Eli Yishai, ministro de Interior y responsable de los bomberos. Pero este culpa al titular de Finanzas, Yuval Steinitz, por no aportar los fondos necesarios, pese a los requerimientos de Yishai, quien tampoco puso en esto el mismo empeño que dedica a recabar fondos para su clientela política (ayudas a los estudiantes de escuelas talmúdicas, entre otras).

Y es que la prioridad es la defensa, materia en la que apenas se repara en gastos. Sin ir más lejos, se acaba de comenzar a construir un muro en el Sinaí, en la frontera con Egipto, para frenar la inmigración a Israel y a eventuales terroristas. Cientos de millones de euros que no se invertirán en las deficientes carreteras, la pobre red de ferrocarril o en la seguridad del aeropuerto internacional Ben Gurión, muy precaria según Estados Unidos, que la definió como propia de un país subdesarrollado.