Cultura niega que pueda retirar el 'Manual del torturador' de las bibliotecas

La consejera de Cultura, Blanca Urgell, rechaza que el Gobierno disponga de competencias para ordenar la retirada del libro Manual del torturador español (Txalaparta, 2009) de las bibliotecas públicas de Euskadi. La obra, escrita por Xabier Makazaga, quien estuvo encarcelado 10 años en Francia, sostiene que los malos tratos resultan generalizados en cárceles y comisarías españolas. La citada editorial se encuentra vinculada a la izquierda abertzale ilegalizada.

Urgell apunta en una respuesta parlamentaria al PP que entre las funciones de las bibliotecas no se encuentra regular el derecho a la libertad de expresión y de imprenta, "por mucho que el contenido de determinadas publicaciones pueda repugnar a la razón y el sentimiento".

La noticia de la presencia del libro en las estanterías de una treintena de bibliotecas e instituciones, la mayoría de ellas de titularidad municipal, llevó al PP a pedir al Gobierno que retirase o promoviese su retirada de las mismas, al considerar que se trata de un "libelo".

El parlamentario del PP Carlos Urquijo registró recientemente en la Cámara una pregunta dirigida a la consejera para conocer si le consta que la obra esté presente en las bibliotecas públicas y saber si el Ejecutivo del PSE tiene previsto tomar alguna medida que favorezca su retirada "por razones obvias" de estos centros.

Competencia local

Urgell reconoce ahora en su respuesta que "hay bibliotecas de la red pública que disponen de ese libro", aunque añade que su consejería "no tiene ninguna capacidad para ordenar la retirada de títulos de estas bibliotecas" al ser de titularidad municipal. "La adquisición y gestión de los fondos bibliográficos de las bibliotecas municipales corresponde a los municipios", añade. El Ayuntamiento de Basauri, gobernado por el PSE, ya decidió retirar hace unos días el Manual del torturador español.

Urgell sostiene que entre las funciones de las bibliotecas no figura regular la libertad de expresión y de imprenta, aunque el contenido de una obra en concreto pueda ir "contra la opinión mayoritaria", ya que "no debe ser función de las bibliotecas públicas regular el derecho a la libertad de expresión".

La consejera recuerda el punto primero del artículo 20 de la Constitución, que protege "el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Por ello, concluye que "únicamente podrá acordarse el secuestro de publicaciones mediante resolución judicial".