Estado de alarma | Las consecuencias políticas

El Gobierno sale al ataque

Zapatero, acosado por la crisis financiera, fue sorprendido por la huelga salvaje - La reacción del presidente fue fulminante: mano de hierro cueste lo que cueste

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero tomó el miércoles la inédita decisión de suspender por vez primera su participación en una Cumbre Iberoamericana -la de este año se celebraba este fin de semana en Mar del Plata (Argentina)-, tenía en la cabeza la posibilidad de asistir a una cumbre europea extraordinaria para frenar los rumores de rescate a España tras las convulsiones financieras que habían disparado la prima de riesgo española durante la semana.

Zapatero pasó la tarde del jueves hablando con mandatarios europeos, como la canciller alemana, Angela Merkel, con la que departió durante una hora, con ese objetivo. Finalmente, la cumbre europea no se celebró porque la situación financiera se normalizó el mismo jueves.

El Consejo de Ministros restó importancia a la protesta

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Pero lo que Zapatero no esperaba era que su presencia en España también fuese a ser necesaria este mismo fin de semana por otra crisis. Zapatero tuvo que presidir, el mismo viernes, un gabinete de crisis para afrontar una inédita huelga salvaje de los controladores y para declarar, por vez primera en democracia, el estado de alarma.

Zapatero y su equipo de Gobierno no previeron la huelga salvaje de los controladores. Estaban centrados en las medidas para afrontar la última convulsión financiera y recuperar la confianza en los mercados. El Consejo de Ministros del viernes se dedicó básicamente a debatir sobre el decreto de medidas de reactivación empresarial y de reducción del déficit así como de la decisión de fijar para el 28 de enero la fecha límite de aprobación de la reforma laboral.

El Consejo de Ministros no le dio mayor importancia al desafío de los controladores. El ministro de Fomento, José Blanco, informó de algunas señales preocupantes que procedían del aeropuerto de Santiago de Compostela, debido al decreto de privatización parcial de los aeropuertos, que iba a aprobar el Consejo de Ministros, y que afectaba a los intereses de los controladores. De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrada sobre las dos de la tarde, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, restó importancia a lo sucedido en Galicia.

En ese momento ni Salgado ni ningún otro miembro del Consejo de Ministros sabían que los controladores del turno de las tres de la tarde iban a iniciar una huelga salvaje que iba a paralizar el espacio aéreo español. Rubalcaba admitiría el sábado que algunos temían reacciones de los controladores. Conocían, por ejemplo, cómo un diputado del PP había preguntado al presidente de AENA, en una comparecencia parlamentaria, si esperaba protestas de los controladores en las fiestas navideñas. Pero no esperaban una huelga salvaje.

Cuando Blanco, sorprendido, se lo comunicó a Zapatero, a primera hora de la tarde del viernes, se creó un Gabinete de crisis en el que participaron, además de Rubalcaba; la titular de Defensa, Carme Chacón; el jefe de gabinete del presidente, Enrique Serrano, y el jefe de la Abogacía del Estado. La presencia de este se justificaba porque la primera decisión de Zapatero iba a ser que los militares controlaran los aeropuertos, una vez que comprobaran que la decisión de los controladores era irreversible.

Al no bastar esa decisión para que los controladores depusieran su actitud, el Gobierno entró en una segunda fase de la crisis. Zapatero encargó a Rubalcaba que anunciara, a las dos de la madrugada, la celebración de un Consejo de Ministros el sábado por la mañana para aprobar el decreto de estado de alarma que permite que a los controladores se les aplique la penalización que fija el Código Penal Militar en caso de no acudir al trabajo. Zapatero decidió incorporar al fiscal general del Estado a la reunión del Consejo de Ministros para analizar las potencialidades del decreto de militarización, que entró en vigor inmediatamente después.

Esta medida fue disuasoria. Los controladores del turno de tarde regresaron al trabajo ante la determinación del Gobierno de cumplir con el Código Penal Militar, que les amenazaba con penas de cárcel, y ante la enorme impopularidad de su huelga.

La Moncloa pretende mantener su determinación hasta el final. "Firmeza y determinación fue la consigna de Zapatero ante esta crisis", decía ayer un miembro de la cúpula del Gobierno. Eso significa que el Ejecutivo va a adoptar duras medidas contra los controladores. Sabe que son una exigencia de la calle, indignada por los enormes perjuicios que ha causado su huelga salvaje en el puente de la Constitución.

Esta actitud es la que predomina en La Moncloa cuando atraviesa por el peor momento de una segunda legislatura, salpicada de convulsiones financieras, como las vividas en febrero y mayo. En esta ocasión, además de una tercera convulsión financiera, neutralizada el jueves, al Gobierno se le ha unido el desplome del PSC en las elecciones catalanas del domingo, y unas encuestas que apuntan una diferencia de 18 puntos entre el PP y PSOE, debido básicamente al castigo por la crisis. Y para colmo, la huelga salvaje de controladores.

Probablemente, los controladores han calculado mal. Ya hace un año, el ministro de Fomento empezó a recortar sus privilegios. Si ahora pensaban en tomarse la revancha se han equivocado porque el Gobierno está acosado en muchos frentes y, en esas condiciones, ya no trabaja con cálculos electorales, que los tiene muy negativos, ni con paños calientes. "No miramos a corto plazo. Nuestra política es firmeza y determinación. Nos cueste lo que nos cueste. Esa firmeza nos ha servido para que España salga reforzada de la última convulsión financiera y nos servirá con los controladores", decían ayer en la cúpula del Gobierno.

La voluntad de Zapatero y de su equipo es tomar las decisiones necesarias, por impopulares que sean, para salir de la crisis. Lo hizo en mayo, con las medidas de ajuste. Lo volvió a hacer el viernes, al fijar como fecha límite para la aprobación de la reforma de las pensiones el 28 de enero y al eliminar la prórroga al subsidio de paro.

Con más motivo, no le va a temblar la mano contra unos controladores que han destrozado las expectativas de muchos miles de españoles con el puente de la Constitución. Ayer por la noche, Rubalcaba lo dejó claro al asegurar que los controladores pagarán sus responsabilidades. Anunció que AENA ha abierto expedientes, que habrá responsabilidades penales y que se tramitarán las denuncias. También anunció que se mantendrá el estado de alarma y que es posible que se prorrogue más allá de 15 días para tener cogidos en un puño a los controladores.

Reunión del gabinete de crisis constituido ayer en La Moncloa bajo la presidencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Reunión del gabinete de crisis constituido ayer en La Moncloa bajo la presidencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.ULY MARTIN

TEXTO ÍNTEGRO DEL REAL DECRETO 1673/10

Una "calamidad pública"

"Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.

El artículo 19 de la Constitución española reconoce a todos los españoles el derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. Dicho derecho está igualmente reconocido a todas las personas en los Tratados y Convenios Internacionales de los que España es parte.

Las circunstancias extraordinarias que concurren por el cierre del espacio aéreo español como consecuencia de la situación desencadenada por el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo, impiden el ejercicio del derecho fundamental mencionado y determinan la paralización de un servicio público esencial para la sociedad como lo es el servicio de transporte aéreo. Todo ello constituye, sin duda, una calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios causados.

Para recuperar la normalidad en la prestación del citado servicio público y restablecer los derechos fundamentales de los ciudadanos, hoy menoscabados, y habiendo fracasado todos los intentos para poner fin a la situación de catástrofe pública existente, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma en orden a eliminar los obstáculos que impiden su segura y continuada prestación.

Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación y resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma.

En su virtud, a propuesta del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, de la ministra de Defensa y del ministro de Fomento, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de diciembre de 2010,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración del estado de alarma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 apartado c, en relación con los apartados a y d de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, Excepción y Sitio, se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de paralización del servicio público esencial del transporte aéreo.

Artículo 2. Ámbito territorial y material.

La declaración de estado de alarma afecta, en todo el territorio nacional, a la totalidad de las torres de control de los aeropuertos de la red y a los centros de control gestionados por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Artículo 3. Ámbito subjetivo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9.1 y 12.2 de la Ley Orgánica 4/1981 en relación con el artículo 44 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA pasan a tener, durante la vigencia del estado de alarma, la consideración de personal militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10.1 de la citada Ley Orgánica y en consecuencia, quedan sometidos a las órdenes directas de las autoridades designadas en el presente real decreto, y a las leyes penales y disciplinarias militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.5 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre.

Artículo 4. Licencias, habilitaciones y anotaciones.

Los controladores civiles de tránsito aéreo al servicio de AENA mantendrán todas las facultades inherentes a las licencias, habilitaciones, anotaciones y certificados médicos de que sean titulares, si bien ejercerán dichas atribuciones, en todo caso, bajo la organización y supervisión del Ejército del Aire.

Artículo 5. Duración.

La duración del estado de alarma que se declara en este real decreto es de 15 días naturales.

Artículo 6. Autoridad delegada del Gobierno.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y las autoridades militares que designe adoptarán las decisiones pertinentes en cumplimiento de lo que dispone el artículo 3 del presente real decreto.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.

Los procedimientos a que se refiere el artículo 3 iniciados y no terminados durante la vigencia del estado de alarma continuarán su tramitación una vez extinguido dicho estado, con sujeción a la legislación laboral o administrativa.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el instante de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en la Embajada de España en Buenos Aires, el 4 de diciembre de 2010".

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 05 de diciembre de 2010.

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