El Gobierno sale al ataque

Cuando José Luis Rodríguez Zapatero tomó el miércoles la inédita decisión de suspender por vez primera su participación en una Cumbre Iberoamericana -la de este año se celebraba este fin de semana en Mar del Plata (Argentina)-, tenía en la cabeza la posibilidad de asistir a una cumbre europea extraordinaria para frenar los rumores de rescate a España tras las convulsiones financieras que habían disparado la prima de riesgo española durante la semana.

Zapatero pasó la tarde del jueves hablando con mandatarios europeos, como la canciller alemana, Angela Merkel, con la que departió durante una hora, con ese objetivo. Finalmente, la cumbre europea no se celebró porque la situación financiera se normalizó el mismo jueves.

El Consejo de Ministros restó importancia a la protesta

Pero lo que Zapatero no esperaba era que su presencia en España también fuese a ser necesaria este mismo fin de semana por otra crisis. Zapatero tuvo que presidir, el mismo viernes, un gabinete de crisis para afrontar una inédita huelga salvaje de los controladores y para declarar, por vez primera en democracia, el estado de alarma.

Zapatero y su equipo de Gobierno no previeron la huelga salvaje de los controladores. Estaban centrados en las medidas para afrontar la última convulsión financiera y recuperar la confianza en los mercados. El Consejo de Ministros del viernes se dedicó básicamente a debatir sobre el decreto de medidas de reactivación empresarial y de reducción del déficit así como de la decisión de fijar para el 28 de enero la fecha límite de aprobación de la reforma laboral.

El Consejo de Ministros no le dio mayor importancia al desafío de los controladores. El ministro de Fomento, José Blanco, informó de algunas señales preocupantes que procedían del aeropuerto de Santiago de Compostela, debido al decreto de privatización parcial de los aeropuertos, que iba a aprobar el Consejo de Ministros, y que afectaba a los intereses de los controladores. De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, celebrada sobre las dos de la tarde, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, restó importancia a lo sucedido en Galicia.

En ese momento ni Salgado ni ningún otro miembro del Consejo de Ministros sabían que los controladores del turno de las tres de la tarde iban a iniciar una huelga salvaje que iba a paralizar el espacio aéreo español. Rubalcaba admitiría el sábado que algunos temían reacciones de los controladores. Conocían, por ejemplo, cómo un diputado del PP había preguntado al presidente de AENA, en una comparecencia parlamentaria, si esperaba protestas de los controladores en las fiestas navideñas. Pero no esperaban una huelga salvaje.

Cuando Blanco, sorprendido, se lo comunicó a Zapatero, a primera hora de la tarde del viernes, se creó un Gabinete de crisis en el que participaron, además de Rubalcaba; la titular de Defensa, Carme Chacón; el jefe de gabinete del presidente, Enrique Serrano, y el jefe de la Abogacía del Estado. La presencia de este se justificaba porque la primera decisión de Zapatero iba a ser que los militares controlaran los aeropuertos, una vez que comprobaran que la decisión de los controladores era irreversible.

Al no bastar esa decisión para que los controladores depusieran su actitud, el Gobierno entró en una segunda fase de la crisis. Zapatero encargó a Rubalcaba que anunciara, a las dos de la madrugada, la celebración de un Consejo de Ministros el sábado por la mañana para aprobar el decreto de estado de alarma que permite que a los controladores se les aplique la penalización que fija el Código Penal Militar en caso de no acudir al trabajo. Zapatero decidió incorporar al fiscal general del Estado a la reunión del Consejo de Ministros para analizar las potencialidades del decreto de militarización, que entró en vigor inmediatamente después.

Esta medida fue disuasoria. Los controladores del turno de tarde regresaron al trabajo ante la determinación del Gobierno de cumplir con el Código Penal Militar, que les amenazaba con penas de cárcel, y ante la enorme impopularidad de su huelga.

La Moncloa pretende mantener su determinación hasta el final. "Firmeza y determinación fue la consigna de Zapatero ante esta crisis", decía ayer un miembro de la cúpula del Gobierno. Eso significa que el Ejecutivo va a adoptar duras medidas contra los controladores. Sabe que son una exigencia de la calle, indignada por los enormes perjuicios que ha causado su huelga salvaje en el puente de la Constitución.

Esta actitud es la que predomina en La Moncloa cuando atraviesa por el peor momento de una segunda legislatura, salpicada de convulsiones financieras, como las vividas en febrero y mayo. En esta ocasión, además de una tercera convulsión financiera, neutralizada el jueves, al Gobierno se le ha unido el desplome del PSC en las elecciones catalanas del domingo, y unas encuestas que apuntan una diferencia de 18 puntos entre el PP y PSOE, debido básicamente al castigo por la crisis. Y para colmo, la huelga salvaje de controladores.

Probablemente, los controladores han calculado mal. Ya hace un año, el ministro de Fomento empezó a recortar sus privilegios. Si ahora pensaban en tomarse la revancha se han equivocado porque el Gobierno está acosado en muchos frentes y, en esas condiciones, ya no trabaja con cálculos electorales, que los tiene muy negativos, ni con paños calientes. "No miramos a corto plazo. Nuestra política es firmeza y determinación. Nos cueste lo que nos cueste. Esa firmeza nos ha servido para que España salga reforzada de la última convulsión financiera y nos servirá con los controladores", decían ayer en la cúpula del Gobierno.

La voluntad de Zapatero y de su equipo es tomar las decisiones necesarias, por impopulares que sean, para salir de la crisis. Lo hizo en mayo, con las medidas de ajuste. Lo volvió a hacer el viernes, al fijar como fecha límite para la aprobación de la reforma de las pensiones el 28 de enero y al eliminar la prórroga al subsidio de paro.

Con más motivo, no le va a temblar la mano contra unos controladores que han destrozado las expectativas de muchos miles de españoles con el puente de la Constitución. Ayer por la noche, Rubalcaba lo dejó claro al asegurar que los controladores pagarán sus responsabilidades. Anunció que AENA ha abierto expedientes, que habrá responsabilidades penales y que se tramitarán las denuncias. También anunció que se mantendrá el estado de alarma y que es posible que se prorrogue más allá de 15 días para tener cogidos en un puño a los controladores.