Despidos masivos por una huelga similar en EE UU, en la era Reagan

El cinco de agosto de 1981, el presidente Ronald Reagan despidió a 11.345 de los 17.500 controladores aéreos que trabajaban en los aeropuertos comerciales de Estados Unidos por llevar a cabo un paro ilegal. Con ese golpe de autoridad, Reagan dio por terminada de ese modo una huelga de dos días, prohibida por una ley de 1956 que ilegalizó los paros de sindicatos de funcionarios. Los controladores pedían mejores condiciones laborales: un aumento en sus salarios y una reducción en su jornada laboral. En sus comparecencias públicas, Reagan declaró que la huelga de controladores era "un peligro para la seguridad nacional".

Sin previo aviso, como ha sucedido en España, la inmensa mayoría de controladores -unos 13.000- se ausentó de su puesto de trabajo el 1 de agosto de 1981 a las siete de la mañana. El presidente les dio a los controladores un ultimátum: debían regresar a su puesto de trabajo en 48 horas. Sólo 1.300 obedecieron. El resto fueron despedidos de forma fulminante. Sus líderes sindicales pedían un incremento salarial de 10.000 dólares anuales (7.500 euros al cambio actual) y que se redujera su jornada semanal de 40 a 32 horas. También exigían jubilación después de 20 años de servicio. Todos esos cambios le hubieran costado al Gobierno unos 770 millones de dólares (520 millones de euros).

En lugar de dejar que los aeropuertos se sumieran en el caos, Reagan actuó de forma inmediata, llamando al personal militar y a los supervisores de los controladores a que gestionaran el mayor número de rutas posibles junto a los 4.500 funcionarios que no habían hecho huelga. Durante las 48 horas del paro, el Gobierno logró salvar entre el 60 y el 70% de los vuelos programados. En la segunda jornada, se recorrieron 8.000 de las 14.200 rutas previstas para una jornada normal. La confusión de los pasajeros fue, sin embargo, la tónica. Las pérdidas para las aerolíneas se estimaron en 30 millones de dólares (22 millones de euros) por día. Finalmente, un juez de Brooklyn llegó a emitir una orden según la cual debería multarse al sindicato de controladores en concepto de 100.000 dólares por cada hora de huelga.

El Gobierno siguió reuniéndose con los líderes de los sindicatos durante semanas, pero creó un sistema de control aéreo paralelo, alargando la misma gestión en la que confió en los días inmediatamente posteriores a la huelga: supervisores y militares controlando vuelos. El Secretario de Transporte Drew Lewis dejó claro a los sindicatos desde el primer día que no los consideraba un interlocutor, por haber quebrantado la ley, y personalmente, se encargó de abrir un proceso de contratación y remodelación del sistema que duró dos años. No se llegó al mismo número de controladores en una década. Aquello significó la muerte definitiva del sindicato de controladores, que dejó de existir como organización registrada ante la Administración dos meses después. Aquel desafío de los controladores resultó ser una victoria para la Administración de Reagan.