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COLUMNA

Funcionarios: la gran mentira

Escribía Carlos Fuentes en La voluntad y la fortuna que "para llegar al poder, la falta de sinceridad es indispensable". El presidente del PP ha hecho de esta máxima del escritor mexicano su hoja de ruta para llegar al palacio de San Telmo.

El campo en el que se celebra esta nueva batalla es la reorganización del sector público. La crisis aceleró los planes del Gobierno andaluz. El 4 de mayo, el Gobierno creó una comisión que debía elaborar un plan concreto. El 22 de junio, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, lo presentó en el Parlamento. En resumen, informó de que se eliminarán 111 de las 254 empresas públicas. Ninguno de los 23.476 empleados públicos (funcionarios o personal laboral) será despedido. Eso sí, cesarán 182 directivos, lo que producirá un ahorro de 115 millones en tres años. No habrá privatizaciones. La incorporación de los funcionarios a las nuevas agencias será voluntaria. El personal laboral se regirá por el mismo convenio del que gozan ahora. Nadie podrá ser funcionario sin aprobar la oposición pertinente...

Arenas rechazó el plan del que hizo una lectura, como mínimo, errónea. Dijo que "no se recorta... en el mastodonte que supone el sector público empresarial de Andalucía". ¿No escuchó que se eliminan 111 empresas y 182 directivos?

Un mes después, el 27 de julio, el Gobierno aprobó el Decreto Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público que recoge todos los puntos anteriores.

Tras la vuelta de las vacaciones, el ambiente estaba para pocos acuerdos. CC OO y UGT preparaban la huelga general y los funcionarios seguían cabreados por el recorte de sus salarios.

En ese caldo de cultivo, a alguien del PP se le encendió una lucecita: utilicemos a los funcionarios contra el Gobierno. El campeón Arenas lanzó la consigna: los socialistas quieren hacer funcionarios a 25.000 amiguetes.

En ninguna parte, ni en el decreto, ni en el Parlamento, ni en las declaraciones de los miembros del Gobierno, podía encontrarse una referencia a tamaño disparate. Pero la prensa afín y un puñado de funcionarios le siguieron el juego al PP.

La consejera de Hacienda negoció con los sindicatos mayoritarios unos retoques al primer decreto, en el que se reforzaban aún más las garantías para los funcionarios. Se redactó un segundo decreto y se envió al Parlamento para ser debatido como ley.

El presidente Griñán y las consejeras Moreno y Martínez Aguayo reconocieron errores en la presentación y explicación de un proyecto que pondrá orden en el entramado empresarial público.

Pero Querellator Arenas no quería soltar la presa. Llevó el decreto al Constitucional, a pesar de que ya el Defensor del Pueblo y el TSJA habían negado que violentara los derechos de los empleados públicos. La consejera Moreno le recordaba a Arenas hace dos días que: "Es la hora de los diputados, no de los abogados" y que ahora tiene la oportunidad de explicar en el Parlamento su plan para el sector público.

Curiosamente, ese mismo día, la jefa de Arenas, Maria Dolores de Cospedal, presentaba su plan económico como candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha. La secretaria general del PP anunció "una importante reducción de las entidades públicas" de hasta un 75%. Es decir, prácticamente desaparecerá el sector público castellanomanchego. La mayoría de las empresas, entre ellas la televisión pública, serán privatizadas. Y siguiendo la doctrina Aznar, muchas serán entregadas a viejos compañeros de pupitre.

Esa es la estrategia del PP. Pero claro, eso no es conveniente soltarlo ahora. Ahora, lo que le interesa a Arenas es manipular a los funcionarios y mentir a la opinión pública. Cualquier cosa, con tal de llegar al poder. ¡Qué buen lector de Carlos Fuentes!

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de diciembre de 2010