El Parlamento debate el informe con amplias perspectivas de acuerdo

No habrá votación, pero la directora de la Oficina de Víctimas, Maixabel Lasa, puede concitar hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento un acuerdo básico, que abarque del PP a Aralar, en torno a su informe sobre las víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política distintas de las del terrorismo. Se trata de las registradas sobre todo en el último franquismo, la transición y hasta mediada la década de los ochenta por excesos policiales o acciones parapoliales que, según se admite, gozaron hasta entonces de algún amparo institucional.

La posibilidad de acuerdo eleva la expectación ante la reunión hoy de esa comisión, en lo que podría considerarse un cierto hito de unidad en torno a un aspecto espinoso de la historia vasca que hace solo un par de años habría resultado inabordable. De hecho, levantó ampollas entre los constitucionalistas en la formulación que realizó el anterior tripartito de la mano de EA, ahora reconducida.

El documento intenta ser un "avance importante hacia la convivencia"

El propio informe que hoy presentará Lasa da idea en su párrafo final de lo ambicioso del espíritu con que el Gobierno lo ha abordado: el desarrollo de las medidas que recomienda "supondrá un avance importante en el camino hacia la paz en el País Vasco entendida como la plena integración de todos en una nueva sociedad en paz, libre y en convivencia democrática", afirma, tal y como declara también la ley de Víctimas aprobada en junio de 2008. El ambicioso objetivo es que desde el PP, deseoso de dar la mayor rapidez al trámite, hasta Aralar quepan en su filosofía. Como primera cautela, huye de cualquier equiparación con las víctimas del terrorismo. "El Estado de derecho y el sistema democrático se refuerzan en este ejercicio de revisión del pasado con una mirada crítica", realza el documento.

El informe, basado en un estudio encargado a Unesco Etxea, se remite a la Constitución y al derecho internacional de referencia en protección de libertades. También rechaza "con rotundidad" la pretensión de enmarcar esas y otras vulneraciones en el enfrentamiento de dos violencias, la de ETA y la del Estado, supuestamente originadas en un conflicto político preexistente, como sostiene la ortodoxia abertzale.

El texto revisa tres periodos: desde 1968 hasta el final de la dictadura, con la represión ejercida desde los aparatos del Estado; los primeros años de democracia hasta mediados los ochenta, donde considera que se combina la represión de agentes públicos con la actuación de grupos parapoliciales y de extrema derecha, "alentados o tolerados desde ciertas instituciones del Estado", y las que pueden producirse, incluso en la actualidad, como extralimitación o abuso en el desarrollo de la política antiterrorista.

Los hechos de esta última fase no gozan ya de amparo institucional, ni reúnen las características de los dos anteriores, como la planificación, la organización, el contexto de impunidad o el intento de influir en los acontecimientos políticos. No obstante, se incluyen en el texto, cuyas recomendaciones se dirigen al reconocimiento y reparación a las víctimas de esos tres períodos de tiempo.

El informe de Lasa no recoge el listado de víctimas que incluía el realizado en 2008 por la anterior Dirección de Derechos Humanos, pero sí considera que ese trabajo "permite constatar de manera fehaciente" vulneraciones que justifican "el proceso de reconocimiento y reparación" que pidió por unanimidad el Parlamento en diciembre de 2009. "No se precisa un censo de afectados", apunta. Serán las víctimas quienes soliciten las las medidas, acreditando los requisitos correspondientes. El Gobierno sí prevé un espacio administrativo específico para prestarles atención, una norma, que no será necesariamente una ley, dotación presupuestaria y una declaración pública institucional.