No soy un moroso, soy una víctima

Cinco familias presentaron ayer en el juzgado de guardia de Madrid una denuncia colectiva por estafa contra el intermediario financiero con el que contrataron una hipoteca que está a punto de arruinar sus vidas para siempre. Todos ellos lograron una hipoteca a través del mismo chiringuito financiero, llamado Central Hipotecaria del Inmigrante, en un proceso apresurado y embarullado. Ahora, cuando acumulan meses de impago y algunos viven pendientes del desahucio inminente, argumentan ante el juzgado que el intermediario abusó de su confianza para que invirtieran su dinero en una operación financiera de alto riesgo de la que desconocían sus consecuencias.

Se trata de una de las primeras denuncias conocidas que intentan dar la vuelta a la tortilla del drama que ahoga a miles de familias en España que contrataron hipotecas sobrevaloradas en la burbuja inmobiliaria y hoy están en paro o con sus ingresos muy disminuidos. El desahucio por impago es solo el principio de sus problemas, pues la diferencia de valoración de los pisos respecto a la tasación original les deja con una deuda de por vida con los bancos.

El intermediario afirmaba que su labor era de ayuda a la integración

Tras pagar enormes gastos de gestión, ya no se podían echar atrás

Los denunciantes son inmigrantes ecuatorianos con hipotecas de más de 200.000 euros entre los años 2004 y 2007. Una serie de circunstancias les permiten argumentar que fueron víctimas de un engaño.

Según su relato, el intermediario, al que identifican como Enrique Caño, les aseguró que su empresa se dedicaba a desarrollar un programa de integración mediante el apoyo a inmigrantes para el acceso a la vivienda. Una vez interesados por la adquisición de un piso, no controlaron ninguna etapa del proceso. Caño se ocupaba de los trámites de abrir cuentas, tasaciones, notarías, aseguradoras o gestorías. Los inmigrantes solo conocían los detalles de lo que iban a firmar en la mesa del notario. La denuncia asegura que todo esto no podía hacerse sin la colaboración de los bancos.

Las familias cuentan cómo, dentro de los trámites, les hacían firmar reconocimientos de deuda por decenas de miles de euros (en concepto de comisión) o letras de cambio en blanco. Aparte, cuentan que para acceder a un piso primero había que firmar como avalista de otro. Así, cientos de desconocidos se avalaban entre sí coordinados por la agencia para poder acceder a un piso.

En el momento de la firma se encontraban con apaños como la presencia de copropietarios desconocidos en su piso, y lo habitual es que se dieran cuenta del lío en el que se metían. Uno de los denunciantes, Jairo González, recuerda cómo el último día le dijo al intermediario que quería echarse atrás. Pero para entonces, el dinero comprometido entre comisiones y gastos de gestión superaba los 17.000 euros, que no recuperaría. González, de 39 años, y su esposa, Noemí Ramos, de 35, decidieron seguir adelante con la compra, que ascendió a 240.000 euros. Tienen una niña de tres años, esperan otro hijo para el mes que viene y una orden de desahucio inminente.

Con el procedimiento descrito, los denunciantes afirman ser víctimas de un "engaño idóneo", en el que participaron todos los actores implicados en la compraventa de las viviendas, coordinados por el chiringuito. La denuncia pide al juez la nulidad de todos los préstamos. Cautelarmente, pide que las deudas queden en suspenso mientras se investigan los hechos.

La denuncia fue apoyada ayer por el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, la asociación de ayuda a inmigrantes Conadee, a través de la cual los afectados han encontrado asesoramiento legal, y la Federación de Asociaciones de Vecinos. Lara pidió que se cambie la ley para que las hipotecas se cancelen con la entrega del piso.